La candidata Paloma Valencia ha tenido una trayectoria pública sin escándalos de corrupción y es reconocida por su trabajo legislativo disciplinado.
Sin embargo, a casi un mes de las elecciones presidenciales, sus alianzas sin filtro alguno con los partidos políticos tradicionales han generado polémica y malestar, incluso en las filas del propio Centro Democrático, su colectividad. Valencia y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, parecieran estar aplicando la misma estrategia del “todo vale” que llevó al poder a Gustavo Petro y a Francia Márquez en 2022, y a Juan Manuel Santos en 2014.
En su caso, Petro se refirió a dicho plan como un “sancocho”, término que usó para referirse a los apoyos que recibió de diferentes sectores sin importar ideologías, investigaciones y escándalos de corrupción. En su momento, Santos, incluso, terminó reelegido con el apoyo de la izquierda, que le hizo oposición en el inicio de su primer mandato, y hasta de los Ñoños, el cuestionado clan político de Córdoba.
Ahora, en 2026, Paloma Valencia ha decidido abrirles las puertas a todos bajo el argumento de que se puede “sumar” entre diferentes para derrotar al petrismo. Aunque la candidata ha dicho que los únicos vetados son los corruptos y los que tienen las manos untadas de sangre, en las alianzas que ha pactado con los partidos tradicionales no ha excluido públicamente a ninguno de los cuestionados, con nombre propio. Por tanto, se ha dado por descontado que están en su campaña.
Asimismo, varios de los cuadros más importantes en el equipo de Valencia y de Oviedo son reconocidos exfuncionarios de Santos, el más acérrimo contradictor del expresidente Álvaro Uribe. Entre ellos están Cristina Plazas y Aurelio Iragorri. A ellos se les suman varios integrantes de la Gran Consulta por Colombia que hoy apoyan a Valencia y que pertenecieron a la administración Santos. Aunque versiones de prensa han indicado que Juan Mesa, exfuncionario de Santos, llegó a la campaña de Valencia, SEMANA lo contactó. Él negó ese hecho y manifestó que tiene una amistad desde hace años con la candidata. En las últimas semanas, también ha habido acercamientos de la campaña con el exministro Alejandro Gaviria.
Todo esto ha desatado un enfrentamiento público entre seguidores de Valencia y de Abelardo de la Espriella, con quien se disputa el tiquete a segunda vuelta para enfrentar a Iván Cepeda, según la encuesta más reciente de AtlasIntel para SEMANA. Ante los apoyos políticos que ha recibido Valencia, De la Espriella ha dicho que ella es la candidata de los de “siempre”. Él, de forma anticipada, rechazó el apoyo de los partidos.
El primero en dar el paso para acompañar a Valencia fue el Partido de la U, el bastión de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y que ha respaldado al Gobierno Petro en varias de sus iniciativas. Casi de forma simultánea, la candidata del Centro Democrático también recibió el apoyo del Partido Conservador y se espera que en los próximos días se haga pública la adhesión del Partido Liberal.
En las tres colectividades hay de todo: investigados y cuestionados por corrupción, detenidos en medio de procesos judiciales en marcha, señalados de haber recibido ‘mermelada’ del Gobierno Petro e involucrados en escándalos como el de la UNGRD o el Invías.
Los apoyos sin filtro por parte de los partidos han generado cuestionamientos en el propio uribismo. Algunos consideran que en las alianzas con las colectividades han tenido que ver el exministro del Interior Daniel Palacios y el excontralor Carlos Felipe Córdoba, vistos como operadores políticos muy fuertes.
El representante a la Cámara electo Daniel Briceño, jefe nacional de volanteo de la campaña de Valencia, hizo una petición en sus redes sociales: “Todas las adhesiones a la campaña de Paloma Valencia deberían ser tomadas con beneficio de inventario. Si bien hay un buen número de conservadores que se opusieron a Petro, hay cuestionados como Ape (Cuello), (Carlos) Trujillo y otros a quienes se les debe cerrar la puerta”.
La candidata no se ha pronunciado puntualmente sobre las personas mencionadas por Briceño.
A propósito del Partido Conservador, la bancada tomó la decisión de apoyar a Valencia, por lo que ninguno de sus integrantes puede respaldar a otro candidato. De lo contrario, podrían incurrir en doble militancia. En ese sentido, todo el partido tiene la obligación de estar en la campaña de la candidata del Centro Democrático. Fernando Niño, el representante conservador que anunció su respaldo a Iván Cepeda, ya fue sancionado. Se le suspendió su militancia y la validez de su voz y voto en las sesiones del Legislativo. Niño, exvicepresidente de la Cámara, ha acompañado las iniciativas de Petro.
En el caso de los conservadores, llama la atención el representante y senador electo Wadith Manzur, detenido por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) por presuntamente exigir contratos a cambio de aprobar los proyectos del Gobierno Petro.
Manzur, en las pasadas elecciones del 8 de marzo, dio el salto de la Cámara al Senado y se convirtió en el segundo senador más votado del partido, con 134.914 votos, por lo que podría seguir moviendo los hilos de ese caudal electoral de cara a las presidenciales. Nadie puede negar el poder político del joven en Córdoba. Su papá, el exsenador Julio Manzur Abdala, fue citado en 2025 a rendir versión ante la JEP por parapolítica. Wadith Manzur también fue cuestionado por su papel en la Comisión de Acusación frente a las investigaciones contra Petro.
En las mismas toldas conservadoras que deberán apoyar obligatoriamente a Valencia, está la senadora Liliana Bitar, involucrada en el escándalo de la UNGRD y llamada a juicio por la Corte Suprema de Justicia por esos hechos.
Carlos Trujillo es otro cuestionado congresista conservador. Es recordado por ser uno de los que lideró el acercamiento de varios conservadores con Petro. Él apoyó con su voto la primera reforma tributaria, la paz total, la jurisdicción agraria, entre otros proyectos. SEMANA conoció que Trujillo empezó a tocar las puertas de la campaña de Paloma Valencia tan pronto ella ganó la consulta, el pasado 8 de marzo.
En un video que se conoció del encuentro que tuvo Valencia con los conservadores, se vio a la esposa de Trujillo, Patricia Ramírez Duque. La explicación de su presencia fue que ella es una de las 18 integrantes del Directorio Nacional Conservador que tomó la decisión de respaldar a Valencia.
Aunque no ha sido vinculado formalmente, el nombre del senador Trujillo gravita sobre el expediente de la UNGRD. Es cercano a Olmedo López, exdirector de ese organismo y quien está preso por los hechos, e incluso trabajó con él en la Alcaldía de Itagüí. Valencia tampoco ha hecho ninguna declaración rechazando el apoyo de Trujillo.
En el caso de Ape Cuello, la campaña de Abelardo de la Espriella le cerró la puerta de cara a la opinión pública en una entrevista con SEMANA. A pesar de que Cuello ha apoyado a Gustavo Petro, Iván Cepeda también lo habría vetado.
Valencia, en cambio, no lo ha rechazado y, tras la alianza con el Partido Conservador, se da por entendido que el caudal político del polémico dirigente del Cesar está con ella. Asimismo, en los últimos días ha surgido información sobre la presunta alianza entre la polémica Juliana Guerrero, envuelta en el escándalo de sus títulos falsos, y Ape Cuello, en el Cesar.
En los azules hay otros políticos con cuestionamientos a cuestas por el pasado de sus familiares, aunque siempre es bueno recordar que las responsabilidades penales son individuales. Sin embargo, en política todo cuenta. Es el caso de la senadora Nadia Blel, quien no tiene líos propios; pero su padre, el exsenador Vicente Blel Saad, fue condenado por parapolítica y procesado por concierto para delinquir agravado y enriquecimiento ilícito. Nadia Blel es la heredera de ese capital político en la Costa Caribe.
Algo similar ocurre con el representante y senador electo Luis Eduardo Díaz Mateus, del Partido Conservador. Su hermano, el exsenador Iván Díaz Mateus, fue condenado por el escándalo de la yidispolítica por prebendas a la excongresista Yidis Medina.
En el caso del senador Juan Carlos García, su padre, Albino García, fue condenado en 2004 a 19 meses de prisión por enriquecimiento ilícito y peculado cuando era congresista, por desvío de dineros de la educación a cuentas de parlamentarios.
El senador Samy Merheg, también de los conservadores, fue denunciado en 2022, junto a otros miembros de su familia, ante la Corte Suprema de Justicia, por la representante Carolina Girado, de la Alianza Verde, por una supuesta desviación de recursos del Ocad Paz a personas relacionadas con el Clan del Golfo. Merheg lo ha negado, pero carga con el hecho de que su hermano Habib Merheg se sometió a la JEP, en el marco de las investigaciones que ha afrontado por parapolítica.
Al senador Óscar Barreto, en 2025, se le informó que la Corte Suprema de Justicia lo investiga por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales por presuntas irregularidades en la firma de convenios cuando fue gobernador del Tolima.
Igualmente, la representante Juliana Aray es investigada por la Corte Suprema de Justicia por el escándalo de Invías que implica a varios congresistas de distintos partidos por, presuntamente, haber intercambiado contratos de la entidad por votos, según las confesiones de María Alejandra Benavides, exasesora del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Aray votó favorablemente la Ley de Presupuesto, la reforma a la educación, el Plan Nacional de Desarrollo y la jurisdicción agraria.
Los cuestionados de la U
En el Partido de la U, que adhirió a Paloma Valencia, también hay varios congresistas cuestionados. Uno de ellos es el senador Johny Besaile, hermano de Musa Besaile, procesado por el cartel de la toga y mencionado en los escándalos de Odebrecht y la parapolítica. Pero no solo eso. El exgobernador de Córdoba Edwin Besaile, hermano del senador, fue procesado por el cartel de la hemofilia. El senador Besaile fue uno de los más votados al Senado en La U, junto a Wadith Manzur en Córdoba, región donde siguen manteniendo su caudal político. Besaile ha votado a favor de iniciativas clave para Petro.
En la alianza entre Valencia y La U, en Córdoba aparece el senador Julio Elías Chagüi, salpicado en el escándalo de corrupción de la UNGRD. Además de votar a favor del Gobierno, es primo de Ruby Chagüi, una de las personas de confianza de la candidata en la campaña.
El senador Julio Alberto Elías, de La U, es hermano de Bernardo ‘el Ñoño’ Elías, aliado del Gobierno Santos y condenado por el caso Odebrecht. El senador Elías es considerado como un petrista en ese partido, y ahora él y sus seguidores forman parte de la alianza que apoyará a Paloma Valencia.
En el caso del senador José Alfredo Gnecco, quien no logró reelegirse, su nombre aparece en expedientes de la Corte Suprema de Justicia por los escándalos del cartel de la toga y la UNGRD. El senador Gnecco ha sido un votante disciplinado a favor de los proyectos de Petro. Su padre, el exgobernador del Cesar Lucas Gnecco, ya fallecido, fue condenado en cuatro ocasiones por corrupción.
El senador electo Wilmer Carrillo, de La U, fue llamado a juicio en febrero pasado por la Corte Suprema de Justicia por los delitos de tráfico de influencias, concusión, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación por el presunto direccionamiento de contratos de suministro de gasolina e insumos médicos cuando fue secretario de Infraestructura en Norte de Santander. También fue mencionado en el escándalo del Invías.
La representante Saray Robayo, que sale del Congreso el próximo 20 de julio, es pareja del condenado contratista Emilio Tapia, protagonista de grandes escándalos de corrupción como el carrusel de la contratación en Bogotá y el de Centros Poblados.
Milene Jarava, quien también compone la bancada petrista de La U en Cámara, es la esposa del polémico alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña. Además, está en la mira de la Corte Suprema de Justicia por, presuntamente, recibir contratos en el Invías a cambio de votos a favor del Gobierno Petro.
El representante por Vaupés Camilo Ávila, de esa bancada y quien se acercó al Gobierno Petro, es investigado por la Corte Suprema de Justicia por un contrato de prestación de servicios de transporte aéreo firmado con la Gobernación de ese departamento en 2016.
En el caso del congresista Álvaro Mauricio Londoño, de esa bancada, su padre, Álvaro Londoño Aristizábal, exgobernador del Vichada, ya fallecido, fue condenado en 2016 por la Corte Suprema de Justicia por corrupción.
Liberales palomistas
En los próximos días, el Partido Liberal anunciaría su decisión de apoyar la candidatura de Paloma Valencia a la presidencia. Falta ver si la candidata recibe a toda la colectividad sin filtros, como lo hizo con los conservadores y La U. Los rojos tienen el pecado de que una parte importante del partido fue incondicional en el apoyo a Petro. De hecho, varios de ellos tienen cuestionamientos por supuesta corrupción, por hechos relacionados con este Gobierno y en anteriores administraciones.
En este frente ya ha habido reuniones de integrantes de esa colectividad con la candidata. En una de ellas estuvo, por ejemplo, el representante Álvaro Henry Monedero, mencionado en el escándalo del Invías y quien forma parte de la Comisión de Crédito Público. Según el testimonio de María Alejandra Benavides, él habría sido uno de los congresistas que presuntamente recibió prebendas para aprobar proyectos del Gobierno como la paz total, la reforma a la salud y hasta la pensional.
Si recibe al Partido Liberal en pleno, Valencia tendría el respaldo de congresistas cuestionados como Juan Pablo Gallo (UNGRD e Invías), Karina Espinosa (UNGRD), Fabio Amín (mencionado en el expediente de la parapolítica) y Yessid Pulgar, hermano del exsenador Eduardo Pulgar, condenado por sobornar a un juez.
En el caso de representantes a la Cámara, del Partido Liberal están Dolcey Torres, hermano del polémico empresario Euclides Torres, quien financió eventos políticos de Petro en 2022, y Julián Peinado, involucrado en el escándalo de la UNGRD, pues el exsubdirector de la entidad Sneyder Pinilla lo salpicó. La abogada del congresista respondió que no existiría ninguna evidencia probatoria que lo implique en ese entramado.
Entre los liberales también están los representantes a la Cámara María Eugenia Lopera y Leonardo Gallego, reconocidos petristas en la bancada. Otro cuestionado liberal que estaría pidiendo pista en la campaña de Valencia es el exsenador Julián Bedoya. Aún no es claro si recibirán ese respaldo.
Por su parte, el senador liberal Lidio García tendría cercanía política con Paloma Valencia, incluso desde la campaña a la consulta.
En el caso de Cambio Radical, el panorama es más complejo, pues la colectividad decidió dejar en libertad a sus congresistas para respaldar tanto las candidaturas de Valencia como de De la Espriella.
Algunos congresistas ya han expresado su apoyo público a la candidata, como los senadores Carlos Mario Farelo Daza y Didier Lobo.
En el caso del primero, es hijo de Zunilda Daza, quien fue mencionada en una investigación que realizó la Fiscalía por, presuntamente, haber sido una de las firmantes del Pacto de Chivolo, un acuerdo cuestionado con grupos paramilitares; mientras que su hermano Fernando Farelo fue denunciado ante el ente acusador por presuntos delitos electorales.
Lobo, quien también expresó su respaldo a Valencia esta semana, es uno de los congresistas con más investigaciones en la Corte Suprema de Justicia.
Por los lados del Centro Democrático, el partido que avala a la candidata, hay que decir que ha habido polémica por la condena en primera instancia a 23 años de cárcel contra el senador Ciro Ramírez, en el caso relacionado con las Marionetas. Eso ha sido aprovechado por Iván Cepeda, quien ha dejado en evidencia que, a pesar del fallo de la Corte en contra de Ramírez, él sigue ejerciendo como senador y hablando en nombre del partido de la candidata.
El representante electo Daniel Briceño dijo: “Desde mi llegada al Centro Democrático me opuse al regreso de Ciro Ramírez al Senado de la República por sus nexos con las Marionetas 2.0. La política se debe hacer con coherencia y verticalidad. La lucha contra la corrupción debe empezar por la casa”.
Paloma Valencia ha sido prudente frente al caso de Ciro Ramírez. De hecho, cuando SEMANA le preguntó si iba a rechazar el apoyo de él, ella aseguró que todavía tenía una segunda instancia para defenderse e indicó que el senador no formaba parte de su campaña. Sin embargo, hay un video que demuestra que, solo unos días antes de conocerse la condena, Ramírez estuvo acompañándola en una gira por Boyacá, de donde él es oriundo y tiene su emporio político.
También está el caso del senador Alirio Barrera, quien enfrenta una investigación en la Corte Suprema de Justicia por un presunto acoso sexual cuando fue gobernador de Casanare. Barrera también ha estado involucrado en una investigación por presunta apropiación de terrenos baldíos.
La candidata Paloma Valencia ha dicho que no ha comprometido un solo ministerio y un solo cargo a cambio de los apoyos políticos. No obstante, es claro que en política nada es gratis y, solo si es elegida presidenta, se verá hasta qué punto podrá darle manejo a lo que implican estos respaldos.
Santos se casó con los partidos y la izquierda y terminó negociando y repartiendo toda la mermelada posible para poder sacar adelante el proceso de paz de La Habana con las Farc y el fast track en el Congreso. En el caso de Petro, quien prometió un cambio, su gobierno ha estado marcado por los escándalos de corrupción. Haberse unido también con lo más podrido de la politiquería es una de las principales causas.
El 31 de mayo, el país sabrá si a la candidata Paloma Valencia le sirvió el apoyo sin filtro de los partidos para pasar a una segunda vuelta, o si, por el contrario, esto le pasa una factura entre el electorado, como le ocurrió en 2022 a Federico Gutiérrez, quien se quedó en primera vuelta, dejándole el camino libre a Rodolfo Hernández para disputar la presidencia con Petro. Algo similar le sucedió al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, quien se quedó con todo el apoyo de la política tradicional y solo alcanzó poco más de un millón de votos en 2018, cuando Iván Duque ganó la presidencia.