La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa con la que se busca establecer si existieron irregularidades en un contrato por más de 30.000 millones de pesos celebrado por el Ministerio de la Igualdad, a través del Fonigualdad, para vincular a más de 1.200 personas, pese a que en la actualidad se encuentra en proceso de liquidación por orden de la Corte Constitucional.
El proceso disciplinario arrancó después de que SEMANA publicó las denuncias que hicieron los congresistas Julio César Triana y Daniel Briceño, sobre la posible contratación irregular que se estaría dando al interior de esa entidad, pese a que el Gobierno saliente ya hizo oficial el decreto sobre la liquidación de esa cartera.
En el documento de seis páginas expedido por la Procuraduría, detalla que las acciones disciplinarias se dieron después de que esta revista reveló las denuncias que hizo el congresista Briceño, del Partido Centro Democrático, frente a la supuesta contratación de 1.270 personas para ese Ministerio que apareció durante la era Petro.
El representante a la Cámara denunció que a pocos días del fin del Gobierno Petro, apareció un proceso por más de 30.000 millones de pesos para la vinculación de 1.270 personas a esa cartera, pese a estar en medio de un proceso de liquidación.
El contrato salió a la luz luego de que apareció una invitación a contratación directa suscrita entre el Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial y la empresas Laborando S.A.S., según el congresista.
El procurador Tercero delegado para la Contratación Estatal, Carlos Augusto Wilches Vega, confirmó que frente a la “relevancia de los hechos denunciados en los medios de comunicación”, se inició una indagación de oficio contra funcionarios por determinar del Ministerio de la Igualdad y Fiduagraria, administradora del Patrimonio Autónomo Fondo para la Superación de Brechas, por presuntas irregularidades en dicho contrato.
“Al parecer, dicha contratación dejaría comprometidos recursos públicos durante los próximos meses a pesar de que actualmente esa cartera ministerial atraviesa un proceso de liquidación” advirtió el procurador Wilches en su decisión.
Con esta decisión también se ordenaron una serie de pruebas que deberá entregar Fiduagraria, los antecedentes administrativos del proceso para vincular 1270 personas en temas del programa Jóvenes en Paz y un informe ejecutivo que precise el estado actual del contrato de prestación de servicios.