La polémica senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, quedó con una investigación formal y un llamado a indagatoria por las presuntas irregularidades que se dieron en medio de un operativo en el que terminó involucrado el peligroso criminal conocido como alias Pipe Tuluá.
La Corte Suprema de Justicia anunció que el proceso contra la congresista por el delito de abuso de función pública busca establecer si su participación en un operativo realizado el 10 de julio de 2025 en la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá, habría excedido las funciones y competencias que le fueron asignadas por el gobierno Petro para ser la coordinadora de la mesa sociojurídica con las estructuras criminales en Medellín y el Valle de Aburrá.
La senadora Zuleta era la representante del gobierno ante esa mesa de diálogo, que operaba en la cárcel de Itagüí, en Antioquia. Con la llegada del Gobierno De La Espriella, todos los delincuentes con los que se estaba negociando fueron trasladados a otras prisiones.
La decisión de la justicia precisó que Zuleta ingresó a la cárcel La Picota, en Bogotá, junto a varios funcionarios de la Fiscalía para adelantar un procedimiento en el que fue incautada un arma de fuego a partir de información entregada por Andrés Felipe Marín Silva, mejor conocido en el mundo del crimen como Pipe Tuluá.
Los magistrados de la Sala de Instrucción manifestaron: “Indaga si su participación en estos hechos se ajustó al ámbito de actuación previsto en las resoluciones que determinaron sus funciones”.
Ese episodio se dio en medio del proceso de extradición de Pipe Tuluá a Estados Unidos, donde estaba siendo requerido por delitos asociados al narcotráfico y a concierto para delinquir. La propia Corte Suprema avaló la extradición a Norteamérica.
Este caso contra Zuleta ha vuelto a generar controversia política por la relación que terminan teniendo representantes del poder legislativo y personas privadas de la libertad con alto perfil criminal, especialmente en escenarios donde se cruzan la seguridad nacional, el control institucional y la cooperación judicial.
La senadora del Pacto Histórico se ha defendido en distintas oportunidades asegurando que su participación en ese operativo se dio en medio de las funciones políticas y de verificación en medio de los procesos de paz que adelantó el anterior gobierno. También ha manifestado que no tuvo intención de intervenir en el proceso judicial.