Un juez de la República dictó sentencia condenatoria contra 13 personas que promovieron y participaron en un encuentro internacional clandestino de peleas de perros en el municipio de La Calera, Cundinamarca.
Los implicados aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de muerte animal y lesiones que menoscaban gravemente la integridad física. Las conductas recibieron un agravante punitivo debido a su ejecución con fines de explotación económica.
Hallazgos del Grupo Especial contra el Maltrato Animal
La investigación liderada por el Grupo Especial contra el Maltrato Animal (Gelma) determinó que los hechos ocurrieron el 14 de marzo de 2026 en una finca de la vereda Aurora Alta. En el predio rural, los organizadores habían adecuado un kiosco con graderías, silletería y venta de alimentos para los asistentes.
El espacio contaba, además, con una estructura tipo cuadrilátero diseñada específicamente para el desarrollo de confrontaciones inducidas.
Durante la diligencia de registro y allanamiento ejecutada por el personal judicial, las autoridades hallaron los cuerpos de dos caninos que presentaban lesiones traumáticas visibles y signos de violencia.
De igual forma, las unidades de protección ambiental lograron la recuperación de 12 perros vivos en el sitio. El dictamen médico legal posterior arrojó que seis de estos animales registraban afectaciones físicas y comportamentales compatibles con maltratos prolongados.
Capturas en flagrancia y tasación de las penas judiciales
El operativo policial permitió la captura en situación de flagrancia de los hoy sentenciados, entre quienes se encuentran nueve ciudadanos procedentes de Ecuador, Venezuela y República Dominicana.
Los extranjeros financiaron el traslado y la logística del evento. Asimismo, el proceso vinculó a cuatro colombianos, identificados por la Fiscalía como Julián Esteban León Ramírez, organizador del encuentro, y Carlos Alberto Cifuentes Hernández, quien ejercía funciones de veterinario.
La Fiscalía General de la Nación confirmó que los procesados recibieron una pena de 31 meses y 15 días de prisión en centro carcelario.
La sentencia judicial incluyó el pago de una multa económica equivalente a 28.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada uno de los implicados.
Finalmente, el despacho encargado del caso impuso una inhabilidad formal para el ejercicio de actividades relacionadas con la tenencia, comercio o cuidado de animales por el mismo periodo de la pena principal.