El controvertido exgobernador de Arauca Julio Enrique Acosta está siendo nuevamente llamado por la justicia luego de que la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema ordenara condenarlo a cuatro años de cárcel por un caso de corrupción en el que habría estado inmerso a través del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
La investigación se centró en la firma del contrato 332 de 2005 que el entonces gobernador suscribió con el consorcio Castell Camel Cadena Fawcett, para construir y ampliar la nueva torre del hospital de San Vicente de Arauca por más de 7.000 millones de pesos.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia confirmó que dicho contrato se “celebró sin cumplirse materialmente con el requisito legal”, pues no contó con el concepto técnico del Ministerio de Protección Social, que un año antes de la firma de la obra le pidió a la Gobernación una serie de ajustes y observaciones sobre los planos.
La condena también expuso que el proyecto fue viabilizado en este momento por dicho Ministerio como una unidad integral en la que se entregaron planos, memorias de cálculo, presupuesto, entre otras herramientas, pero la contratación se terminó haciendo por etapas parciales sin que esa modalidad hubiese sido validada.
Por eso, la Sala de Primera Instancia ordenó condenar al exgobernador Julio Enrique Acosta a más de cuatro años de prisión por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales; sin embargo, la misma decisión le concedió la prisión domiciliaria para que pueda cumplir su deuda con la justicia.
La Corte advirtió que en este proceso las pruebas pusieron en evidencia que la administración de Acosta terminó contratando y ejecutando un proyecto completamente distinto al que avaló el Ministerio de Prosperidad Social en ese entonces.
De hecho, el mismo fallo expuso que en el año 2007, la Gobernación de Arauca le remitió al Ministerio toda la información relacionada con la construcción de la nueva torre del hospital, pero esa entidad no entendió la documentación de ese proyecto como una simple ajuste al diseño, sino la presentación de una obra diferente a la que se aprobó en 2004. Para esa época fue necesario perdir más explicaciones y documentos adicionales.
Los magistrados de la Sala de Primera Instancia consideraron que el entonces gobernador Julio Enrique Acosta “no desplegó labores de vigilancia” sobre la importante obra, y se amaró al principio de confianza sobre los funcionarios que se encontraban al frente del contrato.