En el departamento del Vichada se ha registrado, en los últimos meses, una intensa ofensiva por parte de las Fuerzas Militares para ubicar y neutralizar a los jefes de las disidencias de las Farc que delinquen en esa región del país.
En los últimos días, para no ir más lejos, se adelantó un gigantesco operativo en contra de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, y varios de sus hombres de confianza que se estarían ocultando en ese departamento.
Esto tras varias acciones adelantadas por las Fuerzas Militares tanto en el Guaviare como en el Casanare.
Debido a esto, cobra especial relevancia el reciente fallo emitido por la Justicia Penal Militar que sentenció a un oficial del Ejército por entregar coordenadas falsas en medio de un operativo en el Vichada
Los hechos se presentaron, según informó la Fiscalía Militar y Policial, entre el primero y el 9 de octubre del año 2025.
El oficial, en ejecución de la Orden de Operaciones de Acción Decisiva Estabilidad No. 27 del Batallón de Ingenieros de Combate No. 28, se mantuvo acantonado en la institución educativa de la vereda Santa Rosalía, en el municipio de La Primavera.
Esa zona, según resalta la decisión judicial, fue identificada como “prohibida para uso militar”, hecho por el cual no podía estar allí y mucho menos utilizarla como un lugar para enviar información militar, puesto que ponía en riesgo a la población que se encontraba en un estado de vulnerabilidad.
Pese a esto, el oficial reportó coordenadas falsas a su comandante y consignó datos erróneos en documentos oficiales, información fundamental para el seguimiento y planificación de movimientos tácticos de las unidades.
Estos datos afectaron la ejecución de los operativos militares en dicha región del país.
En la investigación adelantada por el fiscal 2229 especializado, se pusieron de presente las pruebas documentales y técnicas en contra del oficial.
Debido a esto, el militar procesado aceptó su participación en los delitos de desobediencia y falsedad ideológica.
Por esto, fue sentenciado a 24 meses de prisión tras la aprobación de un preacuerdo.