Al Consejo de Estado le tocará dar la estocada final a un recurso de reposición que el Fondo Rotatorio de la Cancillería radicó contra la demanda que interpuso la Procuraduría en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para anular el convenio internacional firmado entre Colombia y Portugal para la producción del nuevo modelo de pasaportes.
Esa movida se dio después de que el magistrado José Elver Muñoz, integrante del Tribunal de Cundinamarca, dejó en firme dicha demanda radicada por la Procuraduría y rechazó un recurso de reposición que presentó el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el que cuestionaba la admisión de ese requerimiento que busca dejar sin efectos el millonario contrato que firmó la Cancillería, la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa de la Moneda de Portugal.
La reposición argumentó que el Tribunal Administrativo carecía de jurisdicción y competencia para tramitar dicho recurso, en razón de la existencia de una cláusula compromisoria en el convenio entre Colombia y Portugal, pues se estipula que todas las controversias serían resueltas por un tribunal de arbitramento internacional.
Sin embargo, el Tribunal de Cundinamarca rechazó ese recurso al considerar que la demanda presentada por la Procuraduría se radicó dentro del término oportuno. Además, rechazó los argumentos sobre la falta de competencia y la ausencia de conciliación judicial.
Pero, aunque la decisión del magistrado José Elver Muñoz fue mantener la admisión de la demanda, el documento también concedió el recurso de apelación en lo contencioso administrativo, por lo que el Consejo de Estado será la instancia encargada de resolver si se mantiene vigente la demanda que pretende frenar el polémico nuevo modelo de pasaportes impulsado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Esta demanda ha generado tensión política entre la Procuraduría y el presidente Petro, quien ha cuestionado duramente las acciones que ha adelantado el ministerio público para anular el acuerdo firmado por el Gobierno para la producción de esos documentos.
El mandatario aseguró: “Esto es plegarse al interés particular. Thomas Greg and Sons va por un acuerdo con un candidato. Si tumba el contrato de pasaportes es porque el acuerdo se realiza. Mal hace la Procuraduría al meterse en las elecciones presidenciales”.
Por su parte, la Procuraduría alertó hace unas semanas sobre la firma de un nuevo contrato con el mismo objeto contractual: producir y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes. Sin embargo, lo delicado es que el negocio, que superaría los 185.000 millones de pesos, no tendría fecha de inicio, pero sí un plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026.