Ha sido intenso el debate al interior de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por la ponencia que pide, principalmente, llamar a juicio y dictar medida de aseguramiento en centro carcelario contra cinco congresistas y un excongresista que, en 2023, hicieron parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público y que habrían vendido su voto para favorecer proyectos del Gobierno.
Después de dos salas extraordinarias no se logró una mayoría simple para aprobar las peticiones elevadas por el magistrado ponente, por lo que se decidió convocar a dos conjueces para que se unan tanto al debate como a la trascendental votación en la que se resolverá la situación jurídica de los dirigentes políticos que se habrían visto beneficiados con la repartija de contratos y proyectos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Uno de los puntos centrales de la ponencia, revelada en exclusiva por SEMANA el pasado 21 de febrero, señala la necesidad de imponer una medida de aseguramiento por la gravedad de los hechos materia de investigación y la gran posibilidad de que se siga extendiendo la conducta delictiva, puesto que muchos congresistas siguen ejerciendo sus funciones y dos de ellos aspiran a una reelección.
El tema de la medida ha sido el más álgido en las salas que se han convocado en las últimas semanas y tiene que ver con la necesidad de una medida restrictiva de la libertad en contra de todos los investigados.
En la sesión que se realizó en la tarde del jueves 5 de marzo, y que se extendió por tres horas, se presentaron varias votaciones que no pasaron de un empate en los puntos fundamentales de la discusión. Fuentes cercanas señalaron a SEMANA que en las discusiones se presentó un intenso empate de tres votos.
En las diversas posiciones de los seis magistrados que conforman la Sala, unos se han mostrado de acuerdo con la medida en contra de todos, mientras que otros han señalado que solamente se debe emitir la medida contra dos de los investigados.
El magistrado ponente, Misael Fernando Rodríguez Castellanos —como lo reveló en exclusiva SEMANA— argumentó que los dirigentes políticos utilizaron sus cargos para beneficiarse con proyectos de obra y contratos en tres regiones, esto con el fin de aumentar su fortín electoral y poder.
Esta posición fue apoyada por el magistrado Héctor Alarcón, quien considera justificada la medida en contra de los seis investigados.
Sin embargo, la magistrada Cristina Lombana señaló que la medida solamente debe cobijar a Wadith Manzur y Karen Manrique, pues son quienes tienen un propósito reeleccionista claro para seguir en el Congreso durante cuatro periodos más. Esto podría generar una continuidad de sus actos de corrupción.
El magistrado Marco Antonio Rueda aseguró que no se cumplen los requisitos para dictar una medida de aseguramiento en contra de Manzur y Manrique mientras se adelanta el juicio en su contra. En la discusión, el togado puso de presente el acervo probatorio que existe en contra de estos dos dirigentes políticos.
Mientras que el magistrado César Reyes señaló que, pese a que existen pruebas suficientes para acusar a Wadith Manzur, Karen Manrique y Juan Pablo Gallo, no se cumplen los requisitos para dictarles una medida de aseguramiento.
Finalmente, el magistrado Francisco Farfán (quien tiene en su despacho otra investigación contra un grupo de senadores por este caso de corrupción) indicó que se debe llamar a juicio a los seis dirigentes políticos, pero sin dictar una medida de aseguramiento.
Fuentes cercanas al caso indicaron que la discusión se torna extensa y compleja, hecho por el cual la decisión de fondo se podría demorar varios meses.