En la mañana de este miércoles 22 de abril, la exconsejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz Nova rindió su declaración ante el Consejo de Estado en el estudio de la demanda que pide la pérdida de investidura del senador Iván Name.
Ortiz, procesada por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo del Desastre (UNGRD), fue citada para que relatara los hechos que se presentaron a mediados de octubre de 2023.
Para esa fecha, según varios documentos judiciales, se habría puesto en marcha un plan para enviarle 3 mil millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Name. Esto, con el fin que acelerara la convocatoria de debates de proyectos y reformas en los que el Gobierno tenía un especial interés.
El dinero habría sido enviado por orden del entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González, quien habría convocado para esta “misión” al director de la UNGRD, Olmedo López, y el subdirector de la entidad, Sneyder Pinilla.
En la demanda que pide la “muerte política” de Iván Name se advierte, presuntamente, que incurrió en un tráfico de influencias al ponerles un precio a sus funciones constitucionales.
“Presuntamente, el senador Iván Name ejerció influencia sobre la servidora pública Sandra Liliana Ortiz Nova, consejera presidencial para las Regiones, de modo que, por su conducto, recibiere de Sneyder Pinilla y Olmedo López la suma $ 3.000.000.000, la cual, de acuerdo con las instrucciones impartidas por Carlos Ramón González Merchán, fue acordada para incentivar la conducta del senador de forma favorable en el marco del trámite de las iniciativas legislativas que el Ejecutivo gestionara en el Congreso”, señala la demanda.
Y es que siendo presidente del Senado, Iván Name tenía las plenas facultades para realizar las convocatorias a las sesiones y fijar las votaciones que se iban a realizar.
Name se encuentra desde mayo de 2025, y por orden de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en la cárcel La Picota, de Bogotá.
En la actualidad, el congresista de la Alianza Verde enfrenta un juicio por los delitos de cohecho impropio (en calidad de coautor) y peculado por apropiación agravado (como interviniente).