En fallo de segunda instancia, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá negó la petición de preclusión elevada por la defensa de la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz.
En la solicitud se invocaba que la Fiscalía General había incurrido en constantes incongruencias entre los hechos narrados en la imputación de cargos y lo consignado en el escrito de acusación.
Esto al hacer referencia a que en la imputación, realizada en diciembre de 2024, se mencionaron los hechos relacionados con el contrato para los carrotanques de La Guajira.
Sin embargo, en la adición del escrito de acusación presentado hace unos meses, no se citó este caso y únicamente se hizo referencia a las presuntas irregularidades en un contrato en el municipio de Repelón, Atlántico.
Para la Sala Penal, no existen méritos para declarar la preclusión del caso. Por lo que seguirá en etapa de juicio por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias en servidor público.
La Fiscalía General señaló que en octubre de 2023, la entonces consejera presidencial facilitó sus camionetas blindadas para transportar tres mil millones de pesos en efectivo que llegaron a manos del senador de la Alianza Verde, Iván Name.
Esto como parte de un plan en el que ella había participado junto al director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ramón González, y el director de la UNGRD, Olmedo López, para comprar congresistas y obtener votos clave en el Congreso frente a proyectos en los que el Gobierno tenía especial interés.
Libertad por vencimiento de términos
Esta semana, la defensa de la exconsejera presidencial pidió una nueva solicitud para que se le otorgue su libertad por vencimiento de términos.
Esto al considerar que, pese a que lleva 500 años privada de su libertad, hasta el momento no se ha iniciado el juicio en su contra.
En medio de la acalorada audiencia, la exconsejera presidencial —quien se encuentra en una guarnición militar desde el 18 de diciembre de 2024— manifestó que se le han vulnerado sus derechos procesales al negarle la práctica de pruebas.
“¿Por qué se oponen? ¿Cuál es el miedo? Vamos por la verdad. Se lo digo a las víctimas: vamos a contarle al país la verdad; igual la van a saber. Tarde o temprano, todo se va a saber. Entonces, ¿cuál es el miedo? ¿Por qué no me acompañan a buscar mis pruebas?”, manifestó la exfuncionaria.
“Hoy no tengo una sola prueba, señora juez. No la tengo. ¿Cómo voy a ir a pelear con ese océano probatorio del que habló mi abogado? Y son más de cien mil archivos, cien mil archivos con más de, no sé cuántas, cientos de carpetas. Ahí está la prueba. Entonces, eso es muy difícil”, añadió.
La audiencia continuará el próximo jueves 16 de abril a las 9 de la mañana con la intervención de los delegados de la Fiscalía, el Ministerio Público y la bancada de víctimas reconocidas.