En medio de su cautiverio en una guarnición militar, el senador electo Wadith Manzur fue notificado de la decisión del Consejo de Estado que negó la medida cautelar que buscaba el cese del pago de su salario y sus prestaciones sociales.
El accionante, que además busca una inhabilidad permanente para el dirigente político cordobés, consideraba que se hacía necesario tomar medidas de fondo, debido a que el representante a la Cámara cuenta con una medida de aseguramiento ordenada por la Corte Suprema de Justicia.
Esto en el desarrollo del proceso penal por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
En respuesta a la solicitud, el alto tribunal consideró que no se cumplían los requisitos. “La competencia para decretar la suspensión de pérdida de investidura carece de objeto, puesto que con ella se busca evitar que el congresista ejerza el empleo y devengue salarios y prestaciones sociales para salvaguardar la moralidad pública y el erario”, señala el documento conocido en su totalidad por SEMANA.
En este sentido, se señala que ya la Corte Suprema hizo referencia a este tema cuando cobijó al representante a la Cámara conservador con medida de aseguramiento privativa de la libertad. Esta medida restrictiva, hasta la fecha, sigue vigente.
“La medida cautelar que se pide dentro del presente trámite de pérdida de investidura carece de objeto, puesto que con ella se busca evitar que el congresista ejerza el empleo y devengue salarios y prestaciones sociales para salvaguardar la moralidad pública y el erario, pero tales aspectos el juez penal ya los protegió con la providencia del 11 de marzo de 2026 en la que dispuso suspenderlo de su cargo. Además, no se aportó prueba que permitiera determinar que la medida de aseguramiento y la suspensión ya fue levantada”, concluyó el fallo.
Los señalamientos contra Manzur
Wadith Manzur, quien hace parte de una de las familias políticas más importantes de Córdoba, fue elegido el pasado 31 de marzo para ser senador en el período 2026-2030.
Esto pese a los señalamientos que existían en su contra de una “trama” de compra de votos en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público para beneficiar las reformas del Gobierno Petro.
Como lo reveló en exclusiva SEMANA, la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, le señaló en extensas sesiones a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia el papel activo que tuvo Manzur en esta trama de corrupción que saqueó a la UNGRD.
Benavides puso de presente varias conversaciones en plataformas de mensajería instantánea en las que Manzur —quien para ese momento era el presidente de la mencionada comisión— le pedía los cupos indicativos y contratos para garantizar que iba a votar en los proyectos económicos.
El congresista conservador, según indicó Benavides, era el vocero de los otros senadores y representantes que tenían un interés constante en la repartija de contratos en la UNGRD y en el Invías.
Por medio de su defensa, el representante a la Cámara ha negado haber ejercido presión para el direccionamiento de contratos de obra e interventoría.
Manzur enfrentará, junto a otros cuatro congresistas y un excongresista, un juicio por su presunta responsabilidad en el delito de cohecho impropio.