Un riesgo inminente sobre varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia obligó al magistrado Mauricio Lenis, actual presidente del alto tribunal, a pedir medidas urgentes para proteger a los togados que estarían en un inminente riesgo por las presuntas amenazas del exgobernador de La Guajira, Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez Cerchar.
En un oficio emitido a las autoridades, el magistrado reseñó que la procuradora judicial que presentó las respectivas demandas de casación que revivieron las condenas contra el exmandatario departamental por homicidio y concierto para delinquir había manifestado su preocupación.
“El día de ayer, martes primero de septiembre, el procurador primero delegado para la casación penal (...) quien en su intervención ante la Corte Suprema le solicitó que casara la sentencia y condenara al acusado, me comentó que la semana pasada, en su oficina, ubicada en el piso 26 de la sede de la Procuraduría General, apareció una bala disparada, lo que le generó preocupación”, señaló la carta enviada al presidente de la Sala Penal.
Este evento hace referencia directa al proyectil que apareció en la oficina del procurador, en el edificio ubicado en el centro de Bogotá, y que generó una investigación por parte de las autoridades.
El procurador también puso de presente que esta semana, en su despacho, encontró “dos ventanas rotas y evidencia de dos disparos de fusil”.
“Pongo estos hechos en su conocimiento porque considero que existe la posibilidad de que los magistrados de la Sala de Casación Penal estemos en riesgo en virtud de la condena que le impusimos al señor Gómez Cerchar. Además, porque me parece necesario y urgente que la Dirección de la Policía Nacional los conozca e incremente las medidas de protección necesarias para garantizar nuestra seguridad”, advirtió el presidente de la Corte Suprema.
En abril pasado, Kiko Gómez fue trasladado de cárcel en un complejo operativo del Inpec. Esto después de que se conociera información que estaba detrás de un plan para atentar contra funcionarios del Gobierno.
El exgobernador cuenta con dos condenas de 55 y 40 años de prisión por su responsabilidad en los homicidios de “enemigos políticos”.
Entre ellos se encuentran la exalcaldesa del municipio de Barrancas, Yandra Brito, quien fue asesinada en agosto de 2012, y el concejal de ese mismo municipio, Luis Gregorio López Peralta, asesinado el 6 de enero de 1997.
Estos crímenes fueron ejecutados por la banda de Marquitos Figueroa, que delinquía en el departamento de La Guajira.