Una grave crisis institucional acaba de denunciar la Procuraduría General de la Nación con las entidades que no le estarían poniendo el pecho a los casos de menores de edad que son víctimas de violencia y terminan bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
En medio del conversatorio de justicia juvenil que organizó la Corte Suprema de Justicia, en el centro de Bogotá, la procuradora delegada para la Defensa de la Infancia, María Fernanda Rangel, destapó la grave crisis institucional que habría en casos de menores víctimas de violencia que quedan a cargo del ICBF.
La procuradora Rangel denunció: “Tenemos una gran crisis en la institución y lo tengo que decir como procuradora. A mí me toca corretear a las instituciones para que acompañen al ICBF en el sistema de bienestar familiar, para que asistan a las reuniones, para que cumplan su misionalidad con estos niños que han sido violentados”.
Estas declaraciones las dio después de que su jefe, el procurador general, Gregorio Eljach, explicó en ese mismo encuentro de la Corte Suprema que por lo menos 400 menores de edad que estaban bajo protección del ICBF terminaron cayendo en el sistema de justicia penal para esa población especial.
“Resulta doloroso ver que más de 400 jóvenes que estaban bajo protección del ICBF terminaron cayendo en el sistema de responsabilidad penal. Algo no estuvo bien allí. La eficacia de este sistema no reside en cuántos jóvenes están privados de la libertad, sino en cuántos regresan con éxito a su comunidad”, dijo Eljach.
Pero la procuradora María Fernanda Rangel reconoció “fallas” del sistema que deberían proteger y restablecer derechos a menores que necesitan acompañamiento cuando terminan siendo foco de violencia y otras situaciones que vulneran su condición.
“Los centros donde ellos llegan, las infraestructuras en algunos son terribles y no es culpa del ICBF, es que los alcaldes y gobernadores tienen que responder. Si quieren que estos niños, estos adolescentes y jóvenes no sean instrumentalizados, pues tienen que entrar a prestar sus servicios de salud y de educación como deben ser ahí”, denunció Rangel.
La alerta de la procuradora delegada para la Defensa de la Infancia se conoció después de que el procurador Eljach también hizo un vehemente llamado a los grupos armados ilegales y a las estructuras criminales para que paren con el reclutamiento de menores en Colombia.