Al menos 400 menores bajo protección del ICBF terminaron respondiendo ante la justicia: Procuraduría

Este lunes 11 de mayo, la Corte Suprema de Justicia realizó en las instalaciones de la Alcaldía de Bogotá un conversatorio crucial alrededor de la política criminal con enfoque territorial y restaurativo que debería aplicar para la justicia juvenil.

En medio de ese encuentro, que contó con la participación de la fiscal Luz Adriana Camargo, la directora del ICBF, Astrid Cáceres; el presidente de la Corte, magistrado Mauricio Lenis, y el procurador Gregorio Eljach, se conoció la delicada situación en la que han terminado cientos de jóvenes que estaban a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

El procurador Eljach manifestó: “Resulta doloroso ver que más de 400 jóvenes que estaban bajo protección del ICBF terminaron cayendo en el sistema de responsabilidad penal. Algo no estuvo bien allí. La eficacia de este sistema no reside en cuántos jóvenes están privados de la libertad, sino en cuántos regresan con éxito a su comunidad”.

La cifra fue mencionada al frente de la directora del ICBF, Astrid Cáceres, quien también habló en la instalación del conversatorio, pero no hizo referencia a esa preocupante cifra de jóvenes que tienen bajo su protección y terminan cometiendo delitos.

Sin embargo, el procurador Eljach también envió un vehemente mensaje: “Dejen a los niños fuera del conflicto, dejen a los adolescentes fuera de la guerra. Señores reclutadores, señores delincuentes”. Fue lo que alcanzó a manifestar antes de que le cerraran el micrófono.

Por su parte, el magistrado Iván Mauricio Lenis, presidente de la Corte Suprema de Justicia, también expresó preocupación por los factores que hay detrás del reclutamiento de menores que ha venido aumentando en Colombia.

“El crimen organizado encuentra condiciones propicias para el reclutamiento, aprovechando no solo las carencias materiales, sino también las fracturas sociales y familiares. La delincuencia juvenil entonces deja de ser un fenómeno individual para convertirse en una expresión de dinámicas colectivas no resueltas. Sin embargo, este problema no se puede reducir a variables económicas o institucionales. Ello es insuficiente. Existe una dimensión social y cultural que también es determinante”, expresó el magistrado.

El año pasado, la Defensoría del Pueblo reveló que ese fenómeno criminal dejó un aumento de 463 casos de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en Colombia. Casos que se registraron en Cauca, Putumayo, Valle del Cauca, Antioquia y Huila.