El abogado Javier Tamayo Perdomo, apoderado del expresidente de la Nueva EPS, José Fernando Cardona Uribe, respondió a los señalamientos que se han hecho en las últimas horas sobre su cliente en redes sociales.
Esto, a raíz de un extenso mensaje publicado por el presidente Gustavo Petro, quien aseguró que Cardona Uribe estaba “preso” por los hechos de corrupción que se habrían presentado durante su gestión.
“El señor Cardona, presidente de la EPS controlada por entidades privadas a pesar de que todo el dinero que entraba era público, está ya preso” (sic), indicó el primer mandatario en un mensaje publicado a las 5:02 de la mañana en su cuenta de X, en respuesta al presidente electo Abelardo De La Espriella.
Frente a esto, el jurista aseguró que este tipo de afirmaciones no corresponden a la realidad procesal, puesto que el exdirector de la Nueva EPS nunca ha estado privado de la libertad ni ha tenido una medida restrictiva.
“Es importante comunicar de manera clara y precisa a la opinión pública que mi representado nunca ha sido objeto de ninguna orden de captura, medida de aseguramiento, ni ha enfrentado restricción alguna a su libertad individual”, detalló.
Por esto, mediante un comunicado, hizo un llamado a la prudencia para evitar este tipo de señalamientos sin sustento.
“Las afirmaciones que circulan surgiendo lo contrario carecen completamente de veracidad y son profundamente perjudiciales para su integridad moral”, enfatizó.
“Por consiguiente, se hace un llamado a la prudencia y a evitar las especulaciones sin fundamento que afectan el derecho constitucional al buen nombre, a la honra y a la presunción de inocencia del doctor Cardona Uribe”, añadió el jurista.
En febrero pasado, la Fiscalía General radicó el escrito de acusación contra el expresidente de la Nueva EPS y otros exfuncionarios por su presunta participación en un entramado que habría alterado los estados financieros de esta entidad entre 2019 y 2022.
El ente investigador señaló que 3.419.015 facturas que relacionaban deudas con las diferentes instituciones prestadoras de salud (IPS) habrían sido ocultadas y habrían dejado de procesarse.
Con todo esto, los hoy procesados habrían presentado ante la junta directiva de la EPS una situación irreal en las cuentas de reserva técnica, costos, ingresos y patrimonio.
En ese sentido, según la Fiscalía, se habrían reportado utilidades por 70.563 millones de pesos para cubrir las obligaciones pendientes.
“La información adulterada fue entregada a la Superintendencia Nacional de Salud con el objetivo de evitar una intervención y obtener la renovación de la licencia de funcionamiento, desconociendo que la entidad registraba pérdidas año tras año“, apuntó el ente investigador.
El expresidente de la Nueva EPS fue acusado por los delitos de peculado por apropiación, falsedad en documento privado, fraude procesal y omisión de control de recursos de la salud.