La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a varios exmiembros de la Nueva EPS por su presunta participación en un entramado que habría alterado los estados financieros de esta entidad entre los años 2019 y 2022.
La decisión, que se tomó a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, fue en contra del expresidente José Fernando Cardona Uribe; el exvicepresidente administrativo y financiero, Juan Carlos Isaza Correa; el exgerente de Contabilidad, Édgar Pedraza Castellanos; y el exgerente de Cuentas Médicas, Fabián Antonio Peralta Núñez.
En medio de la investigación que se llevó a cabo, se lograron identificar 3.419.015 facturas que relacionaban deudas a diferentes Institutos Prestadores de Salud (IPS), las cuales habrían sido ocultadas y dejaron de procesarse.
Con todo esto, los hoy procesados habrían presentado ante la junta directiva de la EPS una situación irreal en las cuentas de reserva técnica, costos, ingresos y patrimonio.
En ese sentido, según la Fiscalía, se habrían reportado utilidades por 70.563 millones de pesos para cubrir las obligaciones pendientes.
Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que los exdirectivos habrían presentado ante la junta directiva de la entidad una situación irreal en las cuentas de reserva técnica, costos, ingresos y patrimonio, y reportaron utilidades por 70.563 millones de pesos para…
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) February 6, 2026
“La información adulterada fue entregada a la Superintendencia Nacional de Salud con el objetivo de evitar una intervención y obtener la renovación de la licencia de funcionamiento, desconociendo que la entidad registraba pérdidas año tras año“, apuntó el ente investigador.
Por todo lo anterior, los cuatro exdirectivos deberán responder, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, por los delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y omisión de control de recursos de la salud.
Además, en el caso del expresidente José Fernando Cardona Uribe, también se le atribuye el delito de peculado por apropiación.
Todos ellos deberán responder por estas actuaciones en juicio oral, cuya audiencia preparatoria se realizará el próximo 23 de febrero.
De esta forma, la Fiscalía avanza en un nuevo caso que está relacionado con presunta corrupción al interior del sistema de salud.
