El calvario de los pacientes de Nueva EPS para conseguir atención: “Esta angustia enferma más”

A Fanny Ayerbe solo le quedan medicinas para tratar sus problemas de hipertensión por tres días más. Desde diciembre está esperando que la Nueva EPS autorice la entrega de treprostinil, un medicamento que debe tomar todos los días y en altas dosis para mantenerse con vida.

Tiene 37 años, de los que lleva siete con ese tratamiento, nunca antes había padecido tantos problemas para acceder al fármaco como en los últimos meses. Pasó los primeros días de 2026 hospitalizada y recibió el alta médica con una receta en la que se advertía que debía recibir su fórmula de urgencia. Sin embargo, cuando acudió a la gestora farmacéutica, esta le respondió que Nueva EPS no ha hecho los giros para los medicamentos de alto costo. Sin pagos de esa entidad, no hay entrega de las drogas.

“Estoy sin medicamento, arriesgando mi vida. Solo tengo para unas horas y no puedo alterarme porque el corazón me está fallando. Este último año ha sido caótico. He pensado suspender el tratamiento porque esta angustia que vivo me enferma más y el médico me respondió que hacerlo sería como quitarme la vida”, relató. Fanny cuenta que antes acudía a la Superintendencia de Salud para interponer quejas formales cada vez que se le presentaba un inconveniente; no obstante, en ese ente de vigilancia ya ni le responden. Por eso, tiene la esperanza de que la tutela y el incidente de desacato de ese proceso den sus frutos pronto.

Fanny forma parte de los 11,7 millones de personas afiliadas a Nueva EPS que están en el limbo, pues no se sabe qué va a ocurrir con la entidad prestadora del servicio de salud más grande del país, la misma que también es propiedad del Gobierno nacional y lleva 23 meses en un proceso de intervención.

Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

La situación es cada vez más grave. Las cuentas bancarias de la entidad están embargadas como resultado de procesos instaurados por 95 IPS de todo el país, instituciones que se cansaron de estar prestando servicios a los usuarios de esa entidad sin que esta les pagara por la atención que les dieron a los pacientes.

La consecuencia de esas medidas judiciales es que Nueva EPS, entidad que no quiso pronunciarse sobre estas denuncias, tiene 2,1 billones de pesos congelados que le hacen más difícil contar con recursos para sus gastos de funcionamiento diario. Es más, todos los procedimientos que realiza dependen del giro directo semanal del Ministerio de Salud.

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El presidente Gustavo Petro y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dedicaron parte del consejo de ministros de esta semana a cuestionar a las IPS, la mayoría privadas, que presentaron órdenes de embargo sobre esa EPS. Pero la fotografía de esas instituciones demandantes también es grave: como la entidad más grande no les pagó, su flujo de caja se vio afectado y, al final de ese cruce de señalamientos, quienes quedan en el medio son los afiliados, que ya no son atendidos.

Laura Fernanda Tapiero está hospitalizada desde agosto en una uci. Ella fue diagnosticada con una enfermedad huérfana que solo puede ser controlada por un fármaco de alto costo, pero conseguirlo ha sido una odisea: tutelas, órdenes de desacato, quejas ante la Superintendencia y diligencias en la EPS han sido insuficientes para que le sea suministrado.

“La demora del medicamento hace que mi esposa recaiga. Ya llevamos un semestre en hospitalización debido a que la EPS no lo entrega rápido”, relató su esposo, Alexis Rayo. Si bien la familia proviene del Tolima, su hospitalización ha sido en Bogotá, por lo que los gastos desbordan las capacidades económicas y los llevaron a pedir créditos para financiar su estadía en la capital. “Cuando solicitan el medicamento, este llega un mes después y en todo ese tiempo su cuadro médico se agrava”, contó Rayo.

Nueva EPS, sin fondos

El único flujo de recursos actual de Nueva EPS es el giro directo del Ministerio de Salud. La entidad reconoció que podría dejar de operar administrativamente si no se levantan los embargos. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

La Nueva EPS ha estado intervenida durante casi dos años, en los que por la administración de la entidad han pasado cuatro agentes interventores, siete gerentes de contratación y cuatro gerentes financieros. Cada vez que la Superintendencia Nacional de Salud designa a un nuevo agente, este llega con un equipo distinto que debe familiarizarse con los procesos internos.

Durante esos casi dos años, cuentan fuentes del sector, ha recibido alrededor de 44 billones de pesos, asignados por la UPC, el giro que hace el Gobierno nacional a cada entidad por la atención de los afiliados. Aun con ese dato en discusión, el estado de las cuentas de la compañía es un dilema sin resolver porque esta no reveló los estados financieros de 2023 y 2024; tampoco se conocen los de 2025. La entidad defiende que contrató una auditoría forense para desenredar el estado de esas cuentas.

Son tantas las dudas sobre los estados financieros que actores del sector cuentan fuera de micrófonos que las IPS y gestoras ya no quieren trabajar con la entidad, pues no saben si esta tendrá cómo desembolsar los pagos correspondientes a los servicios prestados. ¿La razón? La última información financiera verídica que conocieron corresponde al año 2022.

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Uno de los agentes interventores que pasó por esa empresa de salud fue Bernardo Camacho, el actual superintendente de salud. Como resultado de ese conflicto de intereses, el Gobierno designó como superintendente ad hoc para Nueva EPS a Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, quien renunció al cargo asegurando que en la entidad se cobraban coimas a su nombre para entregar contratos. Ni Rodríguez, quien fue una escudera del ministro Jaramillo en la cartera de salud, aceptó gestionar la compleja entidad.

Los pacientes iban a realizar un plantón la próxima semana, que se convirtió en una movilización digital programada para este domingo 25 de enero, pues existían riesgos de que, en plena época electoral, al evento llegaran políticos buscando hacer campaña con el calvario de los enfermos.

Las gestoras farmacéuticas tienen las relaciones rotas con la Nueva EPS y la carta de acción del Gobierno fue designar a Drogas La Rebaja como gestora encargada de la entrega de las medicinas, a través de sus más de 800 sedes distribuidas en todo el país. El problema es que esa firma también fue intervenida. Estuvo a cargo del profesor de arte Yobany Montilla Meza, nombrado como administrador pese a no conocer de gestiones financieras, y ahora tiene un agente interventor recién nombrado. Su músculo operacional está enfocado en la venta comercial, mas no en la distribución masiva para millones de pacientes adscritos al sistema.

El miedo a que la crisis se agrave afecta a los pacientes y tiene en alerta a las mismas directivas de la entidad, quienes convocaron a una reunión para esta semana en la que estarán los 22 delegados encargados de la operación en las diferentes regiones del país. En ese encuentro hablarán sobre posibles acuerdos con gestores farmacéuticos para la entrega de medicinas, un anuncio que recuerda las dos ocasiones en las que esos pactos se rompieron por el incumplimiento de la EPS.

Mientras la Nueva EPS y los privados se apuntan entre sí como responsables de esta crisis, hay pacientes como Beatriz Malagón, una mujer de 86 años que dejó de tomar su medicamento para el manejo de la hipertensión (macitentan) porque la entidad no se lo entregó y terminó internada en una uci. El cardiólogo le dijo a Malagón que lo que la mantiene con vida es ese fármaco, pero su integridad está en riesgo porque Nueva EPS lleva un mes sin entregárselo.