El departamento del Chocó atraviesa un escenario crítico debido a la convergencia de emergencias ambientales tras el terremoto y problemas de orden público.
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, la región enfrenta las consecuencias del terremoto del pasado 10 de agosto, el cual dejó aproximadamente 300 personas fallecidas, miles de heridos y graves daños en la infraestructura de la zona.
A los daños provocados por el sismo se suma el deterioro acelerado de la seguridad en la subregión del San Juan. El organismo documentó que la presencia de actores armados ha generado desplazamientos, confinamientos y restricciones a la movilidad de los habitantes, afectando principalmente a las comunidades rurales y a los pueblos étnicos de la zona.
Combates armados, uso de drones y confinamiento masivo
El informe defensorial detalló que la confrontación entre el Clan del Golfo y el ELN ha incluido el uso de tecnología bélica. La entidad señaló que “el 23 de agosto, los enfrentamientos y ataques con drones en Charco Hondo, Sipí, dejaron tres civiles heridos y provocaron el desplazamiento forzado de 65 familias hacia Barrancón”.
La crisis de movilidad afecta a un número significativo de habitantes en varios municipios. La institución precisó que “de manera preliminar, 652 familias, aproximadamente 3.000 personas, permanecen confinadas en Barrancón, Charco Hondo y Charco Largo, en Sipí, y Torrá, Cajón y Santa Bárbara, en Nóvita”.
Afectaciones en misiones humanitarias y minería ilegal
Durante una verificación en terreno realizada el 25 de agosto en el corredor Nóvita–Sipí, los funcionarios constataron la destrucción de inmuebles y bienes colectivos.
La Defensoría del Pueblo indicó: “Verificamos graves daños en viviendas y bienes colectivos causados por explosivos y ráfagas de fuego, así como severas afectaciones psicológicas en la población”.
Paralelamente, la Defensoría del Pueblo advirtió sobre el incremento de la minería ilegal en Lloró, Bagadó y El Litoral del San Juan. Esta actividad impacta a 500 familias afrodescendientes y 420 familias indígenas, y se ha convertido en un motivo adicional de disputa territorial entre las estructuras armadas que operan en la zona.
Retrasos en el censo y llamados al Gobierno Nacional
La atención a las víctimas del sismo registrado el 10 de agosto con epicentro en San José del Palmar presenta retrasos significativos.
El organismo advirtió que “a la fecha, no ha culminado un censo que permita dimensionar las afectaciones y atender oportunamente a todas las víctimas en las zonas rurales”, muchas de las cuales continúan aisladas.
Ante este panorama, la institución solicitó a los grupos armados respetar el derecho internacional humanitario. Asimismo, pidió a la UNGRD, al Gobierno nacional y a las autoridades departamentales acelerar la entrega de alimentos, atención médica y alojamiento temporal a las poblaciones afectadas.