En los próximos días, el país se prepara para elegir al próximo director ejecutivo de Administración Judicial, la entidad encargada de la gestión administrativa, financiera y logística de la Rama Judicial en Colombia, pero ahora le apareció una grave denuncia que advierte serias irregularidades en el concurso para conformar la terna de la que saldrá el aspirante al cargo.
El abogado Jorge Luis Petano de Ávila le envió a la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial y a todos los presidentes de las altas cortes, que “corrijan oportunamente las irregularidades advertidas” dentro de dicho procedimiento que dejará al próximo director para el periodo 2026-2030.
Petano cuestionó las reglas que se fijaron de la convocatoria para la integración de la terna al cargo, el aviso por el cual se abrió el procedimiento y la interpretación que se le dio a un acuerdo para supuestamente argumentar la autonomía metodológica del concurso.
El abogado que hizo la alerta dijo en el documento que ya está en manos de toda la Rama Judicial: “La jurisprudencia del Consejo de Estado ha reconocido que, cuando la administración identifica errores con aptitud para incidir de manera determinante en un proceso de selección, puede retirar los efectos de las calificaciones defectuosas, efectuar nuevamente la valoración y publicar los resultados corregidos”.
Así mismo, le pidió a la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial que tome las medidas necesarias para que la terna a esa dirección sea el resultado de un procedimiento jurídicamente “habilitado, técnicamente trazable e institucionalmente cuestionable”.
Por eso el denunciante fue enfático en asegurar que la revocatoria solicitada no se hace sobre el procedimiento como tal, sino sobre los apartes que incorporaron la fase psicotécnica y se atribuyeron intervención a la Escuela Judicial “sin la regulación y habilitación suficientes”, dice el documento.
“La corrección del procedimiento y la revocatoria parcial no son pretensiones incompatibles, si consideramos que la primera actúa sobre la actuación en curso y permite reconducirla hacia una conclusión ajustada a derecho, mientras la segunda recae sobre las decisiones previas que introdujeron o formalizaron las reglas cuestionadas”, advirtió Jorge Luis Petano.
El documento también alertó que la continuidad de esa etapa en la que se define la competencia, metodología, independencia y efectos del proceso “no han sido plenamente definidos”, por lo que podría terminar comprometiendo los derechos e intereses colectivos sobre la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público, el acceso transparente al ejercicio de funciones públicas y la adecuada prestación del servicio de administración de justicia.