El Ministerio de Justicia hoy se enfrenta al enorme reto de impulsar y ejecutar por lo menos 15 ejes de transformación que impulsará el Gobierno del presidente electo, Abelardo de la Espriella, para fortalecer el sistema judicial en Colombia y reducir el desgaste de ciertos recursos que terminan extendiendo los procesos.
SEMANA conoció por fuentes del alto Gobierno entrante la hoja de ruta que definirá la gestión del Ministerio de Justicia frente a una agenda de reformas que pretenden reestructurar el sistema penal y la política criminal que actualmente tiene Colombia.
Por eso la cartera de justicia se encargará de asumir el control de los 15 ejes de transformación que llevarán ante el legislativo para transformar la justicia en el país, volverla más eficiente y eliminar las barreras que actualmente pesan sobre el sistema penal.
¿Cuáles son los cambios?
Esta revista conoció que el Ministerio de Justicia arrancará impulsando una reforma que permita eliminar la imputación de cargos en los procesos penales, para agilizar el tránsito directo hacia las etapas de acusación.
La segunda modificación clave tiene relación con una reestructuración que promoverá en el Congreso para que los jueces de la República puedan llevar el proceso desde la acusación hasta la preparatoria, lo que dejaría el juicio oral a otro juzgador o a un tribunal distinto.
El Ministerio de Justicia en el Gobierno de De La Espriella también liderará una iniciativa para reducir el papel de la Procuraduría General de la Nación en los procesos penales, para que sean reubicados en áreas de alta prioridad social.
El Ministerio de Justicia no apoya la demanda que estaría impulsando el Gobierno Petro contra la elección de Abelardo De La Espriella como presidente. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/SZAfE2qmZe
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El Gobierno entrante promoverá la creación de una corte similar a la Comisión de Disciplina Judicial, encargada de investigar a abogados, pero esta nueva entidad tendría la capacidad de investigar y acusar penalmente a los jueces de la República, para buscar un equilibrio en el poder procesal.
El gabinete de justicia también tendrá el reto de poner en marcha un plan nacional de capacitación técnica que permita cerrar el paso a libertades por falencias procedimentales y errores de trámite. Otra apuesta es reglamentar que la solicitud de absolución por parte de la Fiscalía, obligue al juez a decretarla de inmediato para salvaguardar a las víctimas.
En las investigaciones que tienen relación con delitos que afecten el patrimonio, el Gobierno de Abelardo De La Espriella promoverá que el proceso garantice el 50 % de la pretensión de la Fiscalía, para que pueda ser beneficiario de medidas no privativas de la libertad. Así quedaría condicionado.
#Política | Ministro de Justicia designado, Iván Cancino, alertó de modificación del manual de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estadohttps://t.co/6yZviFcBZB
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Fuentes del alto Gobierno le confirmaron a SEMANA que otra propuesta que impulsarán es una revisión exhaustiva que pretende excluir del código penal las normas que no ameritan persecución, con el fin de aliviar la crisis carcelaria que atraviesa el país en la actualidad.
El Gobierno de De La Espriella buscará reordenar justicia negociada, impulsar las Casas de Justicia, fortalecer la ofensiva contra el lavado de activos, respaldar a la Defensoría del Pueblo, renovar las comisiones asesoras, mantener una armonía institucional con las altas cortes y tener una veeduría “estricta y crítica” frente a la gestión de la JEP.
Esos son los 15 puntos clave en la hoja de ruta que ya tiene marcada el Gobierno electo para que, desde el Ministerio de Justicia, se impulsen varias modificaciones y transformaciones al sistema judicial colombiano que permitan mejorar el acceso y enfrenten la impunidad.