SEMANA tuvo acceso a un revelador documento del Ministerio de Justicia, fechado en marzo de 2025, en el que se advertían claramente los riesgos y falencias en la negociación con integrantes de las denominadas estructuras criminales de alto impacto en el Valle de Aburrá.
Para el Ministerio de Justicia, en su “investigación preliminar” y enfoque de lo que estaba ocurriendo en medio de la instalación de las mesas de negociación, se encontró que existía un aumento en el reclutamiento forzado por parte de estas estructuras para aumentar su poder.
Pese a que desde el Gobierno se había anunciado desde 2022 la conformación de una Comisión Intersectorial para la Promoción de Paz que tenía, entre otras finalidades, identificar a los voceros para la mesa de diálogo.
Dos años después, no se había realizado ni su convocatoria, y mucho menos su conformación.
La permisividad y falta de control en la ejecución del Decreto 2422 de 2022 prendió todas las alarmas en el Ministerio liderado, para ese entonces, por Ángela María Buitrago.
Para la jefa de la cartera del Derecho, se estaban generando varias situaciones al interior de las cárceles donde estaban los integrantes de estas organizaciones que afectaban el desarrollo de los diálogos.
En parte, lo resumido en dicho documento terminó visibilizándose a comienzos del mes de abril, cuando se realizó una parranda vallenata en la cárcel de Itagüí, en la que estaban privados de la libertad varios de los integrantes de estas estructuras criminales de alto impacto, más conocidas como las EAOCAI.
Oídos sordos al fallo de la Corte Constitucional
En otro de los apartes, se señala la falta de atención a la Sentencia C-523 de 2023 de la Corte Constitucional, que hacía referencia directa a la ‘posibilidad de entablar acercamientos y conversaciones con las EAOCAI que demuestren voluntad para transitar hacia el Estado de derecho con miras a su sometimiento a la justicia”.
“Es importante mencionarle que este Ministerio ayuda y colabora con los temas de diálogo de paz, pero se ha venido acudiendo a peticiones que presentan problemáticas que pueden estar siendo contraproducentes, considerando que estas solicitudes pueden generar prerrogativas a líderes o grupos de organizaciones criminales que están buscando restablecer su poderío al reunirse ...”.