La congresista Karen Manrique, pese a estar salpicada en uno de los peores escándalos de corrupción del Gobierno Petro, volvió a ser reelegida a la Cámara de Representantes por el departamento de Arauca en la circunscripción de paz.
Pero, a cuatro días de la posesión del nuevo Congreso, Manrique tiene en su contra un obstáculo que no le permitiría posesionarse en su curul: desde hace varios meses permanece en la cárcel por la acusación que pesa en su contra por el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
La congresista por Arauca intentó conseguir un permiso con el magistrado Ariel Torres, encargado de juzgarla, para que la dejara salir el 20 de julio bajo custodia militar con destino al Congreso, en el centro de Bogotá, y así recibir todas las credenciales de su curul.
Sin embargo, el magistrado Torres rechazó esa petición al recordar que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema la envió a la cárcel por el grave peligro que representa para la comunidad, la gravedad de los delitos que habría cometido y el riesgo de que persista en la actividad delictiva.
Cabe recordar que Manrique fue una de las principales congresistas de la Comisión de Crédito Público señaladas por Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectores de la UNGRD, de supuestamente direccionar contratos por más de 92.000 millones de pesos en tres departamentos, a cambio de que votaran a favor de los empréstitos que en ese momento buscaba el Ministerio de Hacienda, liderado por Ricardo Bonilla.
Pero lo que más llamó la atención en los argumentos que dio la congresista para intentar salir de la cárcel con miras a su posesión fue que, en su petición, le confesó al magistrado que, desde el 9 de junio de este año, su abogado radicó una solicitud formal ante el presidente de la Cámara de Representantes para posesionarse de manera “no presencial”.
El documento expuso que la representante a la Cámara estaría buscando una videollamada o una sesión virtual para quedarse con su curul; sin embargo, hasta el pasado 2 de julio, día en que radicó la solicitud a la Corte, no había recibido ninguna respuesta de la mesa directiva de esa corporación en el Congreso.