El director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Wilmar Mejía, anunció que presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra aproximadamente 168 personas y empresas que, presuntamente, integrarían una red criminal dedicada al desvío de recursos del sistema de salud colombiano.
Durante su intervención en el Consejo de Ministros, Mejía aseguró que las investigaciones adelantadas por la entidad permitieron identificar un entramado que habría operado al interior de una de las EPS más importantes del país, responsable de la atención de cerca de 3,5 millones de afiliados.
“Por lo menos unas 130 páginas dan cuenta de un entramado criminal, así lo puedo llamar, al interior del sistema de salud”, afirmó el funcionario, quien señaló que los hallazgos surgieron en medio de análisis destinados a orientar la toma de decisiones sobre la situación financiera y operativa de la entidad.
Según explicó, la investigación reveló elementos que incluso podrían haber generado una eventual inhabilitación del sistema de atención de la EPS involucrada. Sin embargo, advirtió que una medida de ese tipo también planteaba interrogantes sobre el destino de los más de 3,5 millones de usuarios afiliados.
Mejía indicó que los resultados de la investigación fueron puestos en conocimiento de la fiscal general de la Nación y de fiscales delegados, con quienes evaluó el impacto que podrían tener los hallazgos sobre el Estado y la sociedad colombiana.
“Como director de inteligencia estaba obligado a poner en conocimiento de las autoridades estos hallazgos que claramente dan cuenta de una conducta delictiva que involucra a muchos actores dentro del sistema”, sostuvo.
De acuerdo con la UIAF, la presunta red habría creado una estructura para desfalcar recursos públicos de la salud, incluyendo pagos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y otras fuentes de financiación del sistema. Los recursos, según la denuncia, habrían sido desviados mediante mecanismos de triangulación financiera hacia fiducias de inversión.
El director de la entidad también afirmó que al menos dos o tres entidades financieras aparecerían vinculadas dentro del esquema investigado y que se habrían utilizado mecanismos para ocultar pasivos de EPS mientras se manejaban recursos públicos.
Mejía destacó que es la primera vez que un director de la UIAF presenta directamente una denuncia penal de esta magnitud ante la Fiscalía y aseguró que la actuación de la entidad está respaldada por las facultades contempladas en las leyes 526 de 1999 y 1621 de inteligencia.
La Fiscalía será la encargada de determinar la responsabilidad penal de los señalados y establecer el alcance de las presuntas irregularidades denunciadas por la UIAF.