El Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc confirmó este jueves 17 de julio el secuestro de nueve funcionarios y contratistas de la Gobernación del Cauca en zona rural del municipio de López de Micay.
Según un comunicado emitido por el Bloque Occidental, el hecho ocurrió alrededor de las 4:00 de la tarde, cuando los funcionarios se encontraban en la región adelantando labores relacionadas con la “entrega e instalación de equipos”.
Los nombres de las personas secuestradas son:
- Eivar Alonso Guerrero Anaya
- Sergio Andrés López Gómez
- Angélica María Barona
- Leydi Rocío Guengue
- Paola Andrea Maca Chávez
- Mónica Alexandra Bambague
- Manuela Caicedo Arango
- María Elizabeth López
- Elizabeth Yangana
Según el grupo armado ilegal, las personas fueron interceptadas por, presuntamente, “estar haciendo entrega e instalación de equipos militares a miembros del Ejército Nacional, cuyo objetivo es inhibir señales y derribar drones”.
De acuerdo con el grupo armado ilegal, los funcionarios secuestrados se encontraban en la zona como parte de la ejecución del Contrato de Compraventa No. 1948-2025 DC-SGP-CD-RESERVA-2025, vinculado al proyecto con código BPIN20250000002243, que tendría un valor de 4.100 millones de pesos, financiado con recursos del departamento y en curso en los 42 municipios del Cauca.
Según las disidencias, estaría generando cortes de señal móvil y wifi, lo que ha sido reportado por comunidades locales.
En su acusación, señalan que el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, habría destinado recursos no solo para alimentación y combustible, como anunció públicamente, sino para la adquisición de equipos militares que, supuestamente, están siendo instalados por funcionarios departamentales para facilitar operaciones del Ejército.
“Coloca a sus funcionarios como claros participantes de las hostilidades, al ser quienes proveen e instalan equipos al Ejército Nacional para así obtener ventaja militar sobre nuestra organización”, sostiene el texto publicado por el grupo armado.
El comunicado califica la retención como legítima y advierte que evaluarán el contenido de los equipos decomisados y verificarán la identidad de cada uno de los retenidos.
Aseguran que “tendrán las mejores condiciones” y que esperan que las operaciones militares en curso “no pongan en riesgo sus vidas”.
Además, lanzan una advertencia a los alcaldes del Cauca para que no involucren a funcionarios civiles en “tareas de guerra” y piden a las comunidades informar sobre cualquier presencia de personal “extraño” en zonas bajo influencia de las Farc-EP.
Por el momento, ni las autoridades de la Fuerza Pública ni el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, se han pronunciado frente a este anuncio que hace las Farc.