La Fiscalía General de la Nación imputará cargos contra el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla por su presunta participación en el escándalo más grande de corrupción del Gobierno del presidente Gustavo Petro: el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Así lo confirmó la propia fiscal general, Luz Adriana Camargo, quien afirmó que “se tomó la decisión de hacer una solicitud de imputación contra Ricardo Bonilla, que probablemente será el día de mañana. Debe estar radicando la fiscal encargada María Cristina Patiño”.
La imputación de Bonilla estaba anunciada desde hace meses, incluso antes de que la Fiscalía —por su lenta acción— permitiera la fuga del otro gran involucrado en este escándalo de corrupción, el exdirector de Dapre, Carlos Ramón González, hoy en condición de asilo en Nicaragua.
En el caso de Bonilla, son varios los testigos que lo han señalado no solo como la persona que dio la orden, sino quien facilitó el presupuesto y la gestión de los contratos con los que se pretendía comprar la conciencia de los congresistas.
Uno de los testimonios más demoledores fue el de su exasesora, María Alejandra Benavides, quien cuenta con un principio de oportunidad e inmunidad total, por todo lo que conoció de esta matriz de corrupción y porque su actuación se dio acatando órdenes, sin ningún interés de delinquir o enriquecerse.
Otro de los testigos clave en este caso es el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, quien fue el encargado de abrir la caja de pandora del saqueo a la entidad y, en su colaboración con la justicia, desnudó la forma cómo desde el alto gobierno ordenaron la compra de votos y apoyo de los congresistas, con el presupuesto de la entidad.
Según López, Bonilla participó en lo que él llamó un ‘cónclave’ el 27 de noviembre de 2023 en la Casa de Nariño, en el que se habría definido que la UNGRD recibiría proyectos y recursos específicos para luego ser canalizados a congresistas a fin de asegurar votos para empréstitos del país.
El asunto sería fácil de comprobar, pues López entregó su ubicación en esa fecha con las fotoceldas de su empresa de telefonía celular. El exministro Velasco, según el relato, dio las primeras puntadas contando cómo iban las negociaciones. Sin ambages, según López, narró cómo estaba entregando contratos a cambio de votos y explicó el mecanismo que en adelante se convertiría en regla, por lo menos en lo que tenía que ver con la UNGRD.
En ese momento, a López le habrían dado la orden de darles contratos a los miembros de la Comisión de Crédito Público para lograr su respaldo. El asunto era apremiante: se necesitaban garantizar los empréstitos de la nación.
Lo prioritario era una inyección de capital, y así fue. El 11 de diciembre, el Ministerio de Hacienda, a cargo de Bonilla, entregó 700.000 millones de pesos por medio de la Resolución 3202.
El 14 de diciembre, Bonilla asumió el tema directamente y buscó afanosamente a López. Por intermedio de Pinilla, acordaron una cita para el siguiente día en la mañana. Era tal el afán que también apareció Jaime Ramírez Cobo, el enlace de Velasco y Carlos Ramón González con el Congreso, y hoy mano derecha de Laura Sarabia, con un recado claro que entregó a la secretaria de Olmedo: “Hay que sacar esos contratos de forma urgente”.
El 15 de diciembre de 2023 se reunieron López y Bonilla. En el encuentro estuvo presente la asistente del ministro, María Alejandra Benavides, quien desde entonces es protagonista de esta presunta red de corrupción que saqueó la entidad. Justamente, este viernes se supo que el computador de Benavides desapareció del Ministerio. La Fiscalía nunca lo recaudó como elemento de prueba, aunque Bonilla informó que había un backup de la información.
La pruebas en este caso están a pedir de boca, no solo están las reuniones, también las órdenes que le habría dado Bonilla a Olmedo López y a María Alejandra Benavides para que entregara los contratos y, de este modo, garantizar que los miembros de la Comisión de Crédito Público votaran de forma favorable los créditos de la nación ante la banca internacional.
Los contratos a los que se refirió Benavides, tanto en la Corte Suprema de Justicia como en la Fiscalía, eran para tres obras por más de 92.000 millones de pesos, distribuidas así: 50.000 millones en el municipio de Cotorra, Córdoba; 12.300 en el Salado, Bolívar; y 30.000 en Saravena, Arauca.
La declaración de Benavides ante la Corte Suprema fue tan demoledora que advirtió “el ministro Bonilla les dijo a los miembros de la Comisión Interparlamentaria que se iban a votar ciertos créditos de la nación. En esta reunión yo estaba con el ministro y me pidió cuántos créditos se iban a votar. Yo dije: 19 o 13, lo cual fue un error, se iban a votar 12 (…) el ministro les expone que va a ser un número grande de créditos de la nación los que se van a votar y les dice: yo autorizo a que María Alejandra reciba proyectos en la UNGRD. El 31 de octubre de 2023 es el día que a mí el ministro Bonilla me autoriza explícitamente a recibir proyectos”.
Benavides contó también cómo, por orden del ministro Bonilla, ella y Sneyder Pinilla quedaron encargados del trámite y la entrega de los contratos a los congresistas.