Este viernes, 18 de septiembre, se reanudaron las audiencias preparatorias de juicio en el proceso penal que se adelanta contra la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
En la primera parte de la sesión, el abogado Mauricio Camacho Fernández, apoderado de la exfuncionaria del gobierno Petro, enumeró los 56 testigos que espera que sean tenidos en cuenta para la etapa del juicio.
Entre los principales testigos convocados se destacan el exdirector de la UNGRD, Olmedo López Martínez, y el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla Álvarez, quienes actualmente cuentan con un principio de oportunidad con la Fiscalía General para declarar en todos los procesos que se adelanten por este saqueo.
Igualmente, se convocó al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González, procesado por estos mismos hechos de corrupción y quien actualmente se encuentra con asilo político en Nicaragua.
Además, la defensa de Sandra Ortiz pidió que sean citados como testigos los excongresistas Iván Name y Andrés Calle, hoy privados de su libertad y en juicio ante la Corte Suprema de Justicia.
Finalmente, se pidió convocar a la concejal de Bogotá, María Clara Name, hija del expresidente del Senado, Iván Name. También al contratista nariñense Luis Eduardo López Rosero y a Pedro José Castro Espinosa, señalado por la Fiscalía General como el “prestamista”.
Entre las pruebas documentales se destaca la citación de El libro de la verdad, publicado por el Gobierno De La Espriella, en el cual se detalla el billonario robo a la UNGRD durante el cuatrienio de Gustavo Petro (2022-2026).
Es clave recordar que, tras la publicación de este informe, la exconsejera presidencial publicó un extenso mensaje en su cuenta de X, en el que aseveró que este era una prueba clave para demostrar su inocencia.
“Si, como ha señalado el presidente y aparece en El libro de la verdad, desaparecieron $ 2 billones y hay quienes buscan un principio de oportunidad, hoy confirmo algo: mi caso fue la cortina de humo para tapar y legalizar el gran robo de la UNGRD (sic)”, señaló Ortiz.
La exconsejera presidencial para las regiones, quien se encuentra en libertad por vencimiento de términos, es procesada por presuntamente ordenar en 2023 el pago de millonarios sobornos a los entonces presidentes del Senado y de la Cámara para que votaran proyectos en los cuales el gobierno Petro tenía gran interés.
Así, se habría reunido en su residencia con Olmedo López e Iván Name para fijar el monto de los sobornos y la forma en que se iban a entregar.
De esa misma vivienda, utilizando sus camionetas blindadas, se habrían movilizado los 3.000 millones de pesos que le habrían sido entregados al senador Iván Name en su vivienda en el norte de Bogotá.
La Fiscalía General la acusó por los delitos de tráfico de influencias de servidor público y lavado de activos.