La estrategia de comunicaciones del Ministerio de la Igualdad y Equidad está bajo la lupa de los entes de control por presuntas irregularidades que comprometerían más de 9.000 millones de pesos. SEMANA revela el expediente que provocó tensión en el despacho de la vicepresidenta Francia Márquez, y que sus dos sucesores en esa cartera, Carlos Rosero y Juan Carlos Florián, no pudieron resolver.
La historia comenzó el 14 de mayo de 2024, cuando el entonces jefe de la Oficina de Comunicaciones del ministerio, Ronald Mayorga, y la asesora del despacho de la ministra Carolina Mejía le presentaron a la vicepresidenta la estrategia de comunicación de esa dependencia.
Ellos indicaron que se necesitaba un presupuesto de 9.000 millones de pesos para ejecutar durante 12 meses y 1.000 millones de pesos adicionales para la impresión de material pedagógico. Márquez dio el visto bueno.
El contrato fue suscrito entre Fiduagraria S. A., vocera y administradora del patrimonio autónomo del Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial, y la unión temporal Más Igualdad, en la que participan la Agencia Toro y el Canal Trece. La tarea asignada fue la siguiente: “Contratar servicios (de) agencia de medios y publicidad para la investigación, producción técnica de contenidos y creación de campañas de transformación cultural, orientados a desmantelar narrativas sociales de discriminación, exclusión y los derechos humanos, y contribuir a la erradicación integral de todas las formas de discriminación, mediante un enfoque comunitario y bidireccional”.
Nueve meses después, en reuniones desarrolladas el 18 y 19 de enero de 2025, la mayoría de dependencias le expresaron a la vicepresidenta la necesidad de incluir en su gasto anual equipos de comunicaciones para divulgar sus resultados ante la opinión pública. La Secretaría General se opuso y alegó que todo debía tramitarse por medio de la Oficina de Comunicaciones dado el millonario contrato que le fue aprobado el año anterior.
La queja de los viceministros y directores tomó por sorpresa a Márquez. “Las áreas misionales advirtieron que no contaban con el apoyo que habían requerido, y que dar visibilidad a los programas y las acciones era crítico para la gestión de cada uno”, se lee en un informe interno del ministerio al que accedió SEMANA.
En esas mismas citas, Francia Márquez pidió explicaciones y le contaron que el contrato se había suscrito por 9.200 millones de pesos para siete meses de ejecución, y que en diciembre de 2024 se habían ejecutado dos pagos, el primero por 757 millones de pesos y el segundo por 2.778 millones; además, que el tercero estaba en camino por 1.000 millones. Ella solicitó frenar el tercer pago hasta que se revisara su ejecución.
Los resultados no la convencieron y pidió liquidar el contrato.
En un documento del ministerio se narró la posición oficial: “Se evidenció ausencia de la construcción narrativa de campañas de cambio cultural y de los informes de analítica que dieran cuenta de cambios narrativos. Ambos criterios asociados a la integralidad de los productos, en relación con los correspondientes indicadores en el plan de acción del programa. También se evidenció la ausencia de productos en relación con el fortalecimiento de medios comunitarios y populares”.
El equipo de Márquez interpretó que en el contrato hubo “ineficacia entre las acciones adelantadas y los resultados percibidos internamente y obtenidos con la estrategia”.
Ella le encargó la misión de liquidación a Ronald Mayorga, dado que, además de ser el encargado de la Oficina de Comunicaciones, era el supervisor del contrato. Él le negó a SEMANA esa instrucción: “No recibí ninguna orden para liquidar el contrato”.
Según los documentos internos, él no cumplió la tarea. Al contrario, se aprobó el tercer pago, que ella pidió pausar, por 1.397 millones de pesos, pero no se desembolsó. Mayorga renunció el 19 de febrero de 2025 y la vicepresidenta no le firmó el paz y salvo correspondiente a la supervisión del contrato hasta que no hiciera los ajustes y atendiera los reclamos, con base en documentos oficiales del ministerio. La dimisión le fue aceptada a partir del 3 de marzo.
El cambio de ministerio
El problema lo heredó Carlos Rosero cuando el presidente Gustavo Petro sacó a Francia Márquez del Ministerio de la Igualdad y Equidad. Ella misma, en el proceso de empalme en la segunda semana de marzo de 2025, “emitió una alerta alrededor del contrato, sobre el que manifestó haber solicitado el inicio de su liquidación en el mes de enero ante diversas observaciones realizadas a la implementación de este”, se reseñó en un informe interno de la cartera.
Sin Mayorga, la supervisión la asumió la nueva jefa de la Oficina de Comunicaciones, Sonia Fernanda Cifuentes, el 27 de marzo. Solo hasta el 23 de abril ella accedió a la información de la supervisión que había comenzado Mayorga, suministrada por él mediante un correo electrónico, en el que agregó que el tercer pago estaba en trámite, “cuyos soportes habían sido recibidos y aprobados a satisfacción en el marco del comité técnico de aprobación”. Se conoció que ese comité solo estaba conformado por él y la representante legal de la unión temporal Más Igualdad.
En comunicaciones entre Cifuentes y la unión temporal, ella insistió en el suministro de los soportes de la ejecución del contrato. Ante las dudas, procedió con el proceso de liquidación de este.
En ese momento, Más Igualdad desempolvó una cuarta factura pendiente de pago. Es decir, ya eran dos facturas pendientes que sumaban 2.757 millones de pesos.
Lo llamativo de la situación es que la cuarta fue respaldada con un informe de supervisión que tenía la firma de Ronald Mayorga, con fecha del 21 de febrero, tres días después de haber presentado su renuncia. Y no tenía el acta del comité técnico, una instancia necesaria para la emisión de la factura. El ministerio calificó esta situación como una “inconsistencia e ilegalidad”.
Al ser requerido por esa cartera, Mayorga explicó: “Después de mi renuncia al cargo, no he intervenido y mucho menos autorizado documento alguno relacionado con dicho contrato. Por ello, en relación con la situación que menciona, sobre un informe de supervisión adicional que aparece firmado por mí tras mi renuncia, me permito manifestar mi preocupación y aclarar enfáticamente lo siguiente. No he elaborado, ni participado en la revisión, ni firmado ningún informe de supervisión ni documento adicional”.
En diálogo con SEMANA, Mayorga insistió en la misma versión sobre la cuarta factura y defendió su gestión: “Ejercí mi labor como supervisor del contrato cumpliendo con todos los requerimientos. En materia de aprobación de facturas, todas contaron con sus soportes, pues el contrato solo permitía aprobaciones sobre productos finalizados y entregados, con sus respectivos soportes. Además, existía una ruta de aprobaciones después del visto bueno de la supervisión para garantizar el cumplimiento de todos los requisitos. En este mismo sentido, desconozco estos alegatos”.
Sigue la polémica
Sonia Fernanda Cifuentes, jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones, indicó a esta revista que está avanzando el proceso de liquidación del contrato por la siguiente razón: “En estricto cumplimiento de los principios de transparencia, responsabilidad de la gestión contractual y salvaguarda de los recursos públicos, una vez asumida la supervisión actual, desde marzo de 2025 se inició la revisión técnica, jurídica y financiera exhaustiva de las obligaciones del contratista y los entregables aprobados por la supervisión anterior, así como de los productos relacionados en una cuarta factura sobre la que se solicitaron subsanaciones sin obtener respuesta por parte del contratista”.
Ella agregó que, como resultado del proceso de revisión, la Oficina de Control Interno Disciplinario del Ministerio de la Igualdad y Equidad ordenó la apertura de una investigación formal en octubre de 2025. La Procuraduría y la Fiscalía fueron informadas de la decisión para que, en el marco de sus competencias, adelanten las acciones pertinentes.
Fuentes de esa dependencia indicaron que la principal inconformidad es que hay facturas sin los soportes correspondientes y la unión temporal no cumpliría con las cláusulas contractuales. Si no hay acuerdo, los funcionarios están dispuestos a avanzar hasta las últimas consecuencias.
La versión del ejecutor, aportada al ministerio, es que ha gastado 4.933.060.951 pesos en el contrato, pero solo se le han pagado 3.535.813.615 pesos. Está pendiente una factura por 1.397.247.366 pesos.
La cuarta factura, controversial porque tiene la firma de Mayorga pese a su renuncia al cargo, fue desacreditada. El saldo que falta por ejecutar es 4.347.379.060 pesos. Hay una carrera contrarreloj para resolver este problema, pues el ministerio y sus fondos entrarían en liquidación en junio de 2026 por orden de la Corte Constitucional.
SEMANA intentó contactar a la unión temporal protagonista de esta historia, pero no fue posible.