El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, rechazó de plano la propuesta del senador del movimiento Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez, quien pidió que 100.000 millones de pesos del presupuesto de esa jurisdicción especial sean trasladados a la Rama Judicial.
Para el magistrado Ramelli, esta propuesta, junto con otra que se radicó en los últimos días en la Comisión Primera del Senado, hace parte de una estrategia para impedir el funcionamiento de la JEP, tribunal creado a partir del Acuerdo de Paz firmado en 2016.
“La propuesta de reducción del presupuesto de funcionamiento de la JEP, radicada en la Comisión Primera del Senado de la República y apoyada en un mensaje del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, afectaría de forma directa el rubro de adquisición de bienes a este concepto dentro del proyecto de ley, cuyo monto asciende hoy a 161.271 millones de pesos”, señaló el magistrado Ramelli.
Debido a esto, anunció que pondrá esta situación en conocimiento del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el relator de Naciones Unidas para la Independencia Judicial, así como de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
Esto con el fin de que se frenen este tipo de iniciativas de desmantelamiento financiero y se blinden los recursos económicos indispensables para su operación.
El presidente de la JEP señaló que este tipo de propuestas representan “el más grave ataque” que “ha sufrido la justicia transicional colombiana contra su independencia y autonomía judicial”.
“Esta amenaza de recorte se suma a una desfinanciación acumulada que ya arrastra la Jurisdicción por 84.663 millones de pesos. De concretarse esta proposición, se acabaría vulnerando directamente la garantía estatal de dotar a la JEP de la autonomía presupuestal, administrativa, técnica y de infraestructura indispensable para el cumplimiento de sus funciones constitucionales”, indicó.
Igualmente, señaló que, pese a que es consciente de la crisis fiscal que tiene actualmente la Rama Judicial, el alivio económico no puede estar “a costa” de la JEP, pues se están poniendo en riesgo las garantías de las víctimas y la seguridad jurídica de los comparecientes.
“Estas son problemáticas estructurales que no pueden ser resueltas a costa de una jurisdicción creada y diseñada para investigar, juzgar y sancionar los crímenes más graves cometidos durante 50 años de conflicto armado interno”, concluyó.
Estas declaraciones se hicieron en la antesala de la rendición de cuentas de la JEP.