Las disidencias de las Farc tienen a la población de Algeciras, Huila, sometida al terror. En su casco urbano no se ven ilegales vestidos de guerrilleros, pero todos saben quién manda. En la tienda, en la farmacia, en la escuela, en la Alcaldía.
Los mismos delincuentes del frente Iván Díaz, la compañía Árlex Vargas y la Segunda Marquetalia se han encargado de hacerlo saber. Instalan pasacalles, detonan artefactos y abandonan cilindros bomba en las vías de principal acceso al pueblo, como el que usaron como señuelo para asesinar a dos soldados y dejar heridos a diez militares más el 12 de agosto, dos días después del terremoto que sacudió al occidente de Colombia.
También como el artefacto que lanzaron el 27 de agosto al edificio de tres pisos de la Alcaldía o el que destruyó en la madrugada del 31 del mismo mes la entrada de una farmacia.
“En los últimos 15 días ha estado bastante delicado. Algunas situaciones tienen que ver con extorsiones, en el caso de la droguería por el no pago de las vacunas”, le dijo el alcalde Alexánder Martínez a SEMANA.
Porque en Algeciras no hay quien no pague extorsión. Lo hacen los pequeños comerciantes por vender sus productos, los cafeteros por cosechar y transportar el grano, los ganaderos por el beneficio de los animales. Todos. Incluso, los campesinos deben darles plata a las disidencias por cada hectárea de tierra y, como si fuera poco, una amenaza ha ido tomando fuerza.
“Algunos líderes sociales han denunciado que las disidencias van a cobrar por cada casa. Les pedirán un censo a los presidentes de junta para saber cuántas viviendas hay en sus veredas y les obligarán a pagar”, le dijo una fuente, bajo condición de anonimato, a SEMANA.
Los disidentes “van a importar” esa estrategia de otros municipios, como San Vicente del Caguán y Puerto Rico, poblaciones aledañas de Algeciras donde también impera su ley y ya les cobran a los campesinos solamente por el derecho a tener una casa.
Pero en Algeciras, admitió el alcalde, pasa con la extorsión un tema particular: “Desde acá llaman a los municipios vecinos, a mucha gente, a Campoalegre, a Rivera, a Neiva, a Gigante, a Garzón, para que paguen las extorsiones. Este es como si fuera el epicentro de las extorsiones”.
Los delincuentes usan esa población de 30.000 habitantes para escapar de las autoridades a través de la cordillera a lugares donde se mueven como reyes, como San Vicente del Caguán y Puerto Rico.
Incluso, días antes de las elecciones que dejaron a Abelardo De La Espriella como presidente, un numeroso grupo de campesinos tuvo que ir a una reunión a un predio para recibir instrucciones de cómo sería la vida en esa población en caso de que este candidato ganara y, cuando este se posesionó, llegó la sentencia.
De La Espriella y José Manuel Restrepo se impusieron con 8.319 votos, frente a 4.749 de Iván Cepeda y Aida Quilcué.
“Ustedes decidieron la guerra, ahora toca que nos ayuden a financiarla”, les dijeron. En ese momento se conoció la amenaza de la nueva extorsión a los dueños de las casas y se recrudecieron los atentados.
Ahora, en el pueblo se siente el miedo. Al alcalde Martínez ya la Teófilo Forero, de las extintas Farc, le asesinó a su papá, Ángel Adelmo Martínez, quien había sido concejal.
Su hijo, que hoy es un adulto, a los 8 años sufrió por las esquirlas de una granada que subversivos le tiraron a un grupo de soldados. Y él anda escoltado. Vive a 500 metros de la Alcaldía, pero teme moverse a las veredas. No tiene un carro blindado asignado por la UNP y recibe amenazas constantemente. Igual que la población.
Por eso, el jueves, antes de que llegara el mediodía, en un consejo de seguridad en el que estuvieron el Ejército, la Policía, la UNP y otras entidades, decretó la restricción del parrillero en motocicleta desde las 11:00 p. m. hasta las 4:00 a. m., aunque hay una asignatura pendiente.
“Las preocupaciones radican en que podemos ser objeto de ataques con drones y no hay las herramientas para contrarrestar esos ataques”, advirtió el alcalde de Algeciras.