Se trató de actos de protección y bienestar del indiciado (…) La misma víctima se puso en esa condición (…) Su padre la tildó de mentirosa”, son frases que se repitieron en órdenes de archivo firmadas por la fiscal Margarita María Rueda, en dos docenas de expedientes de violencia, acceso y acoso sexual en contra de niños.
La fiscal que se encargó de engavetar expedientes en la Unidad de Delitos Sexuales de la seccional de Bogotá implementó una “estrategia criminal” construida con mentiras, sin investigar y hasta culpando a las víctimas. La funcionaria fue procesada y ahora se encuentra en juicio.
Una denuncia advirtió que medio centenar de investigaciones relacionadas con hechos de violencia, acceso y acoso sexual, la mayoría con menores de edad como víctimas, fueron archivadas en una movida criminal de funcionarios en la Fiscalía para descongestionar los despachos, reducir la carga laboral y dar falsos resultados.
La misma Fiscalía adelantó una investigación y descubrió que las denuncias de archivos irregulares en procesos tan complejos eran ciertas. La fiscal Rueda en Bogotá, entre 2018 y 2020, depuró su despacho archivando investigaciones con tres argumentos que repitió como fotocopia: atipicidad de la conducta, imposibilidad de encontrar el sujeto pasivo e inexistencia del hecho.
El primer argumento, atipicidad de la conducta, es que los hechos narrados en la denuncia no corresponden al delito enunciado por las víctimas, algo que evidentemente puede ocurrir; sin embargo, la fiscal Rueda quiso justificar sus decisiones con eventos confusos e incluso polémicos cuando se trata de delitos que afectan a menores de edad.
La fiscal se atrevió a señalar que algunos actos de abuso sexual, en criterio de las víctimas, como tocamientos en partes íntimas, no eran más que hechos de “protección y bienestar del indiciado”. Es decir, que la víctima confundió caricias con abuso sexual.
“Argumentando que el hallazgo en los genitales del menor de edad se trató de actos de protección y bienestar del indiciado (padre biológico). No obstante, en diferentes elementos de prueba obrantes en el expediente se coligen posibles tocamientos libidinosos configurativos del delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado por el grado de parentesco”, advirtió la Fiscalía en la acusación contra Rueda.
El otro argumento, repetido en las órdenes de archivo de la fiscal, era “la imposibilidad de encontrar el sujeto pasivo”; en otras palabras, que buscaron a la víctima, pero no lograron contactarla. Una justificación que la Fiscalía descartó, tras advertir que la funcionaria no emitió órdenes a la Policía Judicial, no hizo lo más básico para ubicar a las víctimas, simplemente se inventó que fue imposible localizar a los afectados.
“Adicional a lo anterior, la delegada fiscal nunca emitió una sola orden a Policía Judicial tendiente a la localización de la víctima o de su madre. Tan solo se limitó a ordenar el archivo de las diligencias”, advirtió la Fiscalía cuando imputaron cargos a la fiscal.
Rueda, de acuerdo con el escrito de acusación en su contra, advirtió que no lograron ubicar a las víctimas porque esos actos de investigación desbordaban las capacidades, o sea que la Fiscalía no tenía cómo hacer su trabajo, un hecho falso.
Otro argumento para archivar investigaciones y que resultó insólito en el curso del proceso, advierte que la fiscal atribuyó la inexistencia de los hechos descritos en las denuncias por violencia, acceso y acoso sexual en contra de menores. Según la funcionaria, lo narrado por las víctimas no corresponde a la realidad o, en el peor de los casos, esas víctimas se lo buscaron.
“Por la causal de ‘inexistencia del hecho’, argumentando que el examen de toxicología forense no concluyó que la víctima estuviera en estado de embriaguez y que, en todo caso, fue la misma víctima quien se puso en esa condición al ingerir voluntariamente bebidas alcohólicas”, dice la acusación contra Rueda.
En otros eventos, la fiscal fue más allá y dejó a niños víctimas de actos sexuales abusivos en el mismo escenario de los victimarios, que, en su defensa, advirtieron cómo los señalamientos de los menores eran falaces, que decían mentiras y se contradecían en las declaraciones.
“Que el fundamento de la decisión residía en que la víctima se contradijo y su padre la tildó de mentirosa. En otro párrafo señaló que la víctima no manifestó que le hayan vulnerado su bien jurídico a la libertad, integridad y formación sexual. No obstante, en el expediente obran elementos materiales probatorios que permiten inferir la ocurrencia de un acto sexual”, señala la evidencia que llevó a juicio a la Margarita María Rueda.
Para la Fiscalía es claro que la funcionaria no hizo su trabajo; incluso se inventó eventos, actos y hechos para justificar la estrategia de archivar las denuncias, para no tener que investigarlas, para dejar en la impunidad los vejámenes que niños se atrevieron a relatar o que mujeres quisieron revelar.
“Las denuncias, con niños como víctimas, no pasaron el examen básico en manos de la fiscal que sigue trabajando para la Fiscalía y que tomó la determinación de descongestionar su despacho, según la investigación, con patrañas repetidas en cada expediente”, dijo la Fiscalía al advertir que esta fiscal “retardó su deber funcional”.
Recientemente, un colectivo de mujeres, liderado por Blanca Inés Durán, exdirectora del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), le entregó una medalla simbólica a la fiscal Luz Adriana Camargo, que la dejaba como “campeona de la injusticia”. Denunciaron que más de 40 procesos por acoso y abuso sexual desaparecieron en la Fiscalía.
“De los 41 casos reportados por Blanca y su fundación, el ente investigador solo tenía noticia de 27, de los cuales apenas 8 siguen activos. “El resto fueron archivados o encontrados no conducentes”, añadió la exdirectora del IDRD.
Las víctimas en esta denuncia eran menores de edad, niñas integrantes de las ligas deportivas en Bogotá que se atrevieron a denunciar, pero sus denuncias se embolataron en despachos de la Fiscalía. Se trata de casos ocurridos entre el año 2021 y 2023.
La investigación contra la fiscal y las denuncias de la exdirectora del IDRD demuestran que efectivamente existió un patrón de comportamiento ilegal de parte de funcionarios en la Fiscalía, con el propósito de archivar o desaparecer los expedientes que se debieron investigar.
La operación archivo se cumplió y la impunidad llegó.