En medio de la audiencia de imputación de cargos ante un juez con funciones de control de garantías, el fiscal delegado ante jueces del circuito, Rodrigo Restrepo, inició el duro relato en contra de Luis Mariano Díaz González, hijo del fallecido cantante Diomedes Díaz, que fue capturado junto a otras cinco personas por su presunta participación en el secuestro, tortura y extorsión de un cobrador de una empresa informal de préstamos en el área metropolitana de Barranquilla.
De acuerdo con el representante de la Fiscalía, los hechos ocurrieron en la madrugada del 23 de agosto de 2025, cuando un grupo de hombres, presuntamente actuando de manera coordinada y con funciones previamente distribuidas, sacó por la fuerza de su vivienda a Carlos Alfredo Mejía Vargas, quien trabajaba como cobrador de la empresa informal de préstamos Soluciones Mano a Mano.
“El sábado 23 de agosto de 2025, aproximadamente a las 00:40 horas, Alexis Rafael Jiménez Uriña, Nairo Andrés Tirado Osio, Keiner Enrique Rocha Gamero, Luis Mariano Díaz González, Steven Rafael Bolaño de la Cruz y José David Martínez Ibáñez, y posiblemente otras 16 personas más, actuando previo acuerdo y con distribución funcional de tareas, ejecutaron un plan criminal consistente en privar ilegalmente de la libertad a Carlos Alfredo Mejía Vargas, al atribuirle la pérdida de una suma de dinero entre 15 y 30 millones de pesos perteneciente a dicha organización”, explicó.
La Fiscalía indicó que varios de los capturados llegaron en varias motos hasta el lugar donde residía la víctima y es cuando los intimidan con armas de fuego. En ese momento, lo sacaron del lugar y lo obligaron a subirse en uno de estos vehículos en contra de su voluntad.
Restrepo detalló que luego de este suceso, el cobrador fue trasladado hasta una casa en el barrio Las Granjas, en Soledad, donde lo mantuvieron secuestrado durante 11 horas.
“Mientras Carlos Alfredo Mejía Vargas permanecía ilegalmente privado de la libertad, varios integrantes de la organización establecieron comunicación con sus familiares, particularmente con Carlos Alberto Mejía Pacheco y Gloria Margarita Vives Vergara, informándoles que la víctima se encontraba retenida y lesionada. Inicialmente exigieron el pago de 15 millones de pesos como condición para su liberación y, posteriormente, al conocer que la familia no contaba con esa suma, incrementaron la presión proponiendo la transferencia de una vivienda mediante escritura pública a favor de una persona designada por la organización, manteniendo amenazas de causar daño a la víctima y a sus familiares”, explicó.
Lo que dijeron en medio de la audiencia desde el ente investigador es que lo que pretendía, presuntamente, Luis Mariano Díaz González, y los otros hombres, era que este aceptara que se había robado la suma de 15 millones de pesos que este administraba para unos préstamos en varios puntos de la ciudad.
“Mientras permanecía ilegalmente privado de la libertad, Carlos Alfredo Mejía Vargas fue sometido a una sucesión continua de actos destinados a causarle intensos sufrimientos físicos y psicológicos con el propósito de obligarlo a aceptar la sustracción del dinero que le atribuían, revelar su paradero y responder patrimonialmente por dicha suma. Fue objeto de reiteradas agresiones consistentes en golpes de puño, patadas, impactos con tablas de madera, tubos y otros objetos contundentes, agresiones con la cacha y la punta de un arma de fuego, heridas ocasionadas con arma cortopunzante en la mano derecha y en una de sus piernas, además de amenazas permanentes de muerte mientras era insultado y señalado de ladrón”, detalló.
Se conoció también que, tras estas violentas agresiones, el Instituto Nacional de Medicina Legal le otorgó a la víctima una incapacidad provisional de 20 días. El fiscal del caso, en medio de su relato, dio a conocer el supuesto rol que habría cumplido Díaz González en medio de estos actos violentos.
“Luis Mariano Díaz González, en su condición de líder de la organización, acudió al lugar donde la víctima permanecía retenida en compañía de Steven Rafael Bolaño de la Cruz y José David Martínez Ibáñez, asumiendo los dos primeros personalmente la dirección de las agresiones. Luis Mariano la golpeó en la cabeza con la cacha de un arma de fuego en varias ocasiones y continuó exigiéndole que confesara la supuesta apropiación del dinero”, señaló el ente acusador.
Asimismo, indicaron que Luis Mariano Díaz era el articulador de esta presunta organización criminal para recuperar el dinero que se habría perdido en medio de los préstamos informales que realizaban.
“Luis Mariano Díaz González aparece como patrón o director de la organización. Su rol no fue el de un simple agresor. Presuntamente ejercía la dirección de la empresa Mano a Mano, era el superior jerárquico de cobradores y supervisores, tenía dominio sobre la organización, llegó posteriormente al lugar de cautiverio, permaneció allí por más de dos horas, asumió personalmente el mando de la sesión de agresiones, golpeó a la víctima con la cacha de la pistola, continuó interrogándola sobre el dinero, dirigió las exigencias económicas posteriores y autorizó o respaldó la exigencia consistente en transferir la vivienda”, indicó.
La víctima de este escandaloso caso le dijo a la Fiscalía General de la Nación que Steven Rafael Bolaño de la Cruz sería el supervisor y lo señaló de participar activamente en los interrogatorios y en actos de tortura.
En cuanto a Alexis Rafael Jiménez Uriña, aseguró que habría coordinado el operativo desde el inicio. “Fue quien llega inicialmente a la vivienda de la víctima, enfrenta al padre, lo amenaza con arma de fuego, obliga a Carlos Alfredo a salir, realiza llamadas telefónicas para convocar más personas, coordina la llegada de aproximadamente diez motocicletas con unas veinte personas, ordena el traslado y continúa dando instrucciones durante el secuestro. Según la víctima, era quien impartía las órdenes durante la retención”, dijo el fiscal del caso.
La Fiscalía también atribuyó responsabilidades a Nairo Andrés Tirado Bossio, Keiner Enrique Rocha Gamero y José David Martínez Ibáñez, a quienes señaló de participar en el traslado, custodia, vigilancia, agresiones físicas y presiones económicas que hicieron contra la víctima durante las horas que permaneció retenida.
Para Rodrigo Restrepo, fiscal del caso, en toda la investigación que adelantaron pudieron determinar que sí hubo una coordinación para la comisión de estos presuntos delitos de tortura y secuestro.