Horas después de que Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), rindiera versión libre sobre la investigación que avanza contra los congresistas que integraban la Comisión de Crédito Público para la época del escándalo en la UNGRD, el turno será para María Alejandra Benavides, la exasesora del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
A las 2 de la tarde de este lunes primero de septiembre, la exfuncionaria del Ministerio de Hacienda estará en el despacho del magistrado Misael Rodríguez, expresidente de la Sala de Instrucción, para rendir su testimonio frente a los cinco congresistas y al exrepresentante a la Cámara que terminaron salpicados en este caso.
Las primeras versiones al interior de la Corte Suprema indicarían que, en las declaraciones que ha rendido Benavides contra aforados por este escándalo, reveló que la senadora Liliana Bittar le habría pedido borrar los chats de las conversaciones que sostuvieron, después de que estallara todo este entramado corrupto que se armó en la UNGRD.
Benavides también ha entregado información relevante sobre la participación que habrían tenido los otros congresistas implicados en este caso, como Wadith Manzur, Karen Manrique, Juan Pablo Gallo y Julián Peinado, y el exrepresentante a la Cámara Juan Diego Muñoz.
Hay que recordar que este caso empezó después de que se conociera la supuesta negociación de tres contratos por más de 92 mil millones de pesos en Córdoba, Bolívar y Arauca, para —supuestamente— aceitar sus apoyos en la Comisión de Crédito Público sobre los empréstitos de la Nación que solicitaba el Ministerio de Hacienda, en ese momento, liderado por Ricardo Bonilla.
Lo cierto es que Benavides también ha dado datos claves dentro del proceso que adelanta la magistrada Cristina Lombana contra los senadores Martha Peralta, del Pacto Histórico, y Julio Elías Chagüi, del Partido de la U, quienes también terminaron investigados por este escándalo de corrupción.
Los primeros legisladores investigados y enviados a la cárcel por este escándalo fueron Iván Name y Andrés Calle, los entonces presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, por supuestamente recibir cuatro mil millones de pesos para apoyar las reformas del Gobierno Petro.