Los resultados de una auditoría interna generaron revuelo en la Casa de Nariño. El archivo advierte de aparentes sobrecostos y cuestionadas decisiones en las contrataciones del Fondo de Programas Especiales para la Paz (Fondo Paz), adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y encargado de poner el dinero para la logística de las negociaciones que adelanta el Ejecutivo con los grupos armados ilegales.
La investigación fue realizada por Norma Lucía Ávila, jefe de la Oficina de Control Interno del Dapre, y los hallazgos los presentó el 9 de julio de 2025.
Ella puso la lupa sobre nueve contratos del Fondo Paz gestionados durante la dirección de Pablo Francisco Pardo, aliado de Gustavo Petro en Nariño e hijo de la embajadora de Colombia en Ecuador, María Antonia Velasco.
Después de su labor en Fondo Paz, entre septiembre de 2022 y mayo de 2025, Pardo fue nombrado como viceministro para las Poblaciones y Territorios Excluidos en el Ministerio de Igualdad y hoy labora como gerente de Asuntos Estratégicos de Findeter.
Polémico contrato
El primer lunar de su paso por el Dapre es el contrato FP-590 de 2024. Después de un periodo de selección, el Fondo Paz le encargó a Pubblica S. A. S., una reconocida empresa de Bogotá, “servicios de organización y operación logística de eventos y actividades que garanticen la ejecución de las acciones encaminadas al logro y mantenimiento de la paz en el territorio nacional”.
Este proyecto se suscribió el 5 de mayo de 2024 por 9.700 millones de pesos y se hicieron tres adiciones presupuestales que sumaron 9.500 millones de pesos, para un total de 19.200 millones de pesos.
Fuentes de la Casa de Nariño le describieron a SEMANA que el Fondo Paz habría hecho “pagos irracionales” en el marco de este contrato.
El “arriendo por un día” de un computador portátil fue facturado a 675.090 pesos. Un videoproyector HP de 300 a 500 lúmenes, cuya unidad cuesta hasta 1.400.000 pesos en un establecimiento comercial de Bogotá, fue “arrendado” por el operador a 1.162.856 pesos durante 24 horas.
SEMANA constató que el Fondo cuenta con computadores portátiles y videoproyector en su almacén. Es decir, pagó por equipos que tiene en su bodega.
Pubblica S. A. S. también le vendió al Fondo un servicio de internet de 20 megas por 24 horas a 3.607.733 pesos. En la auditoría se detalló que Plaza Mayor, uno de los proveedores del Dapre, cobra 514.675 pesos por el mismo servicio.
En el documento se criticó que en algunos de los servicios contratados (no contemplados en el plan inicial), como el internet, “no se observó documento soporte que demuestre que para aprobar dicha cotización se haga algún análisis de mercado, si esos precios son competitivos o un control adicional por parte de otra instancia del Fondo”.
Pubblica S. A. S. le respondió a SEMANA que las tarifas cobradas resultaron de una licitación pública abierta y que los servicios se ejecutaron en zonas de difícil acceso y con complejidades extremas de orden público: “El valor unitario de un ítem en estas regiones no solo cubre el bien o servicio, sino los costos asociados a viáticos de personal, transporte especializado, seguros de carga, primas de riesgo y contingencias logísticas sobre el terreno”.
Servicio de transporte
Este mismo contrato incluyó la necesidad de alquilar servicios de transporte. Pubblica S. A. S. subcontrató esa misión con Logic 360, una empresa creada y matriculada el 15 de agosto de 2024 en Nariño con un capital de un millón de pesos (cuatro meses después de la firma del contrato madre entre Pubblica S. A. S. y Fondo Paz), de acuerdo con registros de la Cámara de Comercio de Pasto.
Hasta julio de 2025, esa empresa, cuya sede principal está en la capital de Nariño, recibió 1.306 millones de pesos por transportar a personas en camionetas blindadas, convencionales y buses por todo el territorio nacional. SEMANA confirmó que Logic 360 no tiene autorización del Ministerio de Transporte ni de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada para prestar estos servicios.
Pubblica S. A. S. le manifestó a esta revista que “ni el pliego de condiciones ni el anexo técnico del contrato exigían que el operador logístico contratara directamente con una empresa con autorización de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada o del Ministerio de Transporte”.
El representante legal de Logic 360, Felipe Morales, le aseguró a SEMANA que su empresa fue formalizada ante la Cámara de Comercio en agosto de 2024 por sugerencia de Pubblica S. A. S., dado que quería contratar directamente con ella.
La versión oficial es que Logic 360 fue seleccionada tras la presentación de tres cotizaciones para cada servicio en varias regiones de Colombia, pues era la opción más económica.
Frente a esto, se reseñó en la auditoría: “Se evidencian debilidades en los controles establecidos por el contrato con ítems fuera del catálogo de gastos recurrentes, autorizados con base en cotizaciones presentadas por el contratista, probadas por una única instancia a cargo del supervisor, sin análisis adicionales del mercado, principalmente cuando se presenta en ciudades como Bogotá, Popayán, Cali y Medellín, donde puede existir una mayor oferta de servicios. La situación afecta el cumplimiento del principio de transparencia y genera riesgos en el uso de los recursos públicos”.
¿Sobrecostos?
Ante la controversia por los precios y las sospechas de sobrecostos, el equipo auditor comparó la tabla tarifaria que Pubblica S. A. S. pactó con el Fondo Paz con la de un contrato similar suscrito en el Departamento Administrativo de la Presidencia.
El Dapre suscribió un proyecto el 19 de septiembre de 2024 con Feeling Company S. A. S. y sirvió de referencia para los auditores, pues guarda un objeto parecido al que es motivo de debate: “Prestar los servicios de planificación, organización, operación y producción de todas las acciones logísticas necesarias para la atención de los eventos y demás actividades requeridas por el Dapre”, por 10.789 millones de pesos.
Una pantalla led “de 3 a 4 pitch a 8 × 3 metros con opción de outdoor” se le facturó al Fondo por 18.153.180 pesos, mientras que el operador del Dapre cobró por el mismo servicio 6.361.535 pesos.
Un computador por día le fue cuantificado al Fondo por 735.096 pesos y al Dapre por 162.342 pesos. Un videoproyector por día le fue cobrado al Fondo por 501.300 pesos y al Dapre por 340.953 pesos. Un almuerzo sencillo al Fondo le fue cuantificado en 35.816 pesos y al Dapre en 25.068 pesos.
Un sonido profesional se le vendió por día al Fondo a 8.447.629 pesos y el operador del Dapre cobró por lo mismo 2.272.607 pesos. Una carpa tipo hangar le costó al Fondo por día 10.633.655 pesos y al Dapre 2.135.454 pesos.
La auditoría encendió las alarmas: “Existen diferencias que se ubican entre el 142,88 por ciento y el 497,96 por ciento”.
En cuanto a esto, Pubblica S. A. S. le dijo a SEMANA: “Es metodológicamente incorrecto comparar de manera lineal sin evaluar sus pliegos de condiciones, matrices de riesgo y anexos técnicos particulares. Desconocemos el contrato específico del Dapre utilizado como referencia, por lo que no es posible establecer un paralelo exacto”.
Pablo Francisco Pardo, exdirector del Fondo, detalló que las tarifas establecidas en el contrato obedecieron a las condiciones del mercado “bajo la metodología de túnel estadístico, lo cual se encuentra debidamente soportado en el proceso contractual. Los procesos de contratación adelantados por el Fondo se sometían al comité asesor de contratación del Departamento Administrativo de la Presidencia”.
Otros problemas
La Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo de la Presidencia contó en el mismo archivo que en cinco millonarias contrataciones “se efectuaron adiciones de recursos sin que los recursos inicialmente entregados se hubieran legalizado o comprometido a través de la contratación derivada”. Esto afectaría el principio de planeación.
Además, estas adiciones presupuestales superaron el 50 por ciento del valor inicial de los contratos, algo que está prohibido por ley. Por ejemplo, un proyecto con el PNUD, que apalanca la logística de la paz total, empezó costando 3.300 millones de pesos y escaló a 39.800 millones de pesos. Uno con Findeter, para asistencia técnica, se proyectó en 41.954 millones de pesos y ya se cuantificó en 95.507 millones de pesos.
El Fondo Paz, si bien se rige en su contratación por el derecho privado, debe cumplir con el manual de contratación del Dapre, que en la página 68 establece: “En la determinación del valor a adicionar, se deberá tener en cuenta que la misma no puede superar el 50 por ciento de su valor inicial, expresado en salarios mínimos”.
Pablo Francisco Pardo, que en su momento dirigió el Fondo, reiteró que el régimen jurídico aplicable a la actividad contractual es el derecho privado: “Está facultado legalmente para aplicar reglas distintas a las establecidas en el estatuto general de contratación de la administración pública”. Bajo ese punto de vista, tendrían gabela para actuar de la manera en la que lo hicieron, pese a los cuestionamientos de la auditoría.
La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Nhora Mondragón, le respondió a SEMANA que los hallazgos de la auditoría fueron recibidos y atendidos con un plan de mejoramiento integral que ya se ejecutó: “Como resultado de estas acciones, se ha fortalecido la oportunidad, la trazabilidad y el control sobre la ejecución y la legalización de los recursos, así como la eficacia de los procesos contractuales”.
Fuentes enteradas de las presuntas irregularidades ocurridas en el Fondo le describieron a SEMANA que la entidad es un “cuarto oscuro donde nadie entra”. Prueba de ello son las denuncias que se han compartido con la Fiscalía y la Procuraduría, pero que no han avanzado.
Al ser consultada por esta revista sobre la auditoría en mención, Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre, relacionó una denuncia que recibió y que remitió a la Fiscalía íntegramente: “Durante los años 2021, 2022 y parte de 2023, manipularon la contratación de operador logístico, adquisición de tiquetes y otros bienes, beneficiando un monopolio conformado por las empresas LPX Group, Adescubrir y Gold Tours. Estas empresas se turnaban los contratos y presentaban comportamientos inusuales, como adiciones sin justificación superiores al ciento por ciento del contrato inicial, lo cual puede ser evidenciado en el Secop”.
René Hernández, representante de LPX Group, rechazó el señalamiento en un comunicado enviado a esta revista: “LPX Group S. A. S. rechaza categóricamente cualquier insinuación relacionada con acuerdos indebidos, direccionamiento o manipulación contractual entre empresas”.
SEMANA intentó contactar a Adescubrir y a Gold Tours, pero no fue posible acceder a sus declaraciones hasta el cierre de esta edición.
Por el momento, los entes de control no han adelantado averiguaciones sobre las aparentes inconsistencias en el Fondo Paz. Mientras tanto, siguen aumentando los cuestionamientos sobre la gestión del Fondo y crecen los señalamientos dentro del Gobierno Petro.