El Gobierno del presidente Gustavo Petro se jugó todas sus cartas para desarmar a las organizaciones criminales de Colombia bajo la política de la paz total, y no logró el objetivo. A ocho meses de terminar su mandato, ningún grupo criminal ha transitado a la legalidad y la mayoría de las negociaciones están varadas mientras se alimentan de miles de millones de pesos. SEMANA revela las cuentas de los procesos que han sido la principal carta de presentación de la administración del cambio y que también se convirtieron en el punto de quiebre de la seguridad y de su crisis con Estados Unidos.
Sumado a todo esto, la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en Caracas, Venezuela, podría tener una gran incidencia, por lo menos en el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc, organizaciones criminales que operan en ese país y eran protegidas por el régimen. La caída de Maduro ha generado una gran expectativa porque no se sabe qué pasará con estos grupos, que generalmente atacan en Colombia y se regresan a Venezuela para evitar las operaciones de las Fuerzas Militares.
Volviendo a los diálogos, la Consejería Comisionada de Paz, a lo largo del periodo presidencial, ha iniciado diez conversaciones con estructuras delincuenciales: el ELN, las disidencias de las Farc, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el Clan del Golfo y los Comuneros del Sur, así como con las estructuras ilegales de Medellín, Buenaventura y Quibdó. Las agendas han estado marcadas por fallidos ceses al fuego e incumplimientos, que han minado la credibilidad de la reincorporación a la vida civil de los armados. Pese a eso, el Ejecutivo ha insistido en los acercamientos contra viento y marea.
La mesa de paz con el ELN está suspendida desde hace un año por la incursión armada que emprendieron sus guerrilleros en el Catatumbo contra las disidencias de las Farc y la población civil, donde 166 personas han sido asesinadas y 87.438 desplazadas, según los registros más recientes de la Gobernación de Norte de Santander. En respuesta a un derecho de petición, el Gobierno Petro confirmó que se ha gastado 30.059 millones de pesos en los diálogos con corte a abril de 2025. Pese al congelamiento, los contratos se siguen moviendo para cumplir con este proceso.
El acercamiento con las disidencias de las Farc ha sido atropellado estos años. Falló el plan con la estructura de alias Iván Mordisco, que ya le declaró la guerra al presidente Gustavo Petro, y el Gobierno se inclinó por permanecer con el grupo que comanda alias Calarcá en los departamentos de Antioquia, Caquetá, Norte de Santander, Vaupés, Meta y Guaviare. Cuyos hombres siguen asesinando y extorsionando desde la mesa de diálogos. De acuerdo con la Casa de Nariño, los gastos superan los 21.404 millones de pesos, ejecutados a través del Fondo de Programas Especiales para la Paz.
Con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, una disidencia de la Segunda Marquetalia de alias Iván Márquez con la que también se intentaron acercamientos de paz, se han facturado 6.429 millones de pesos en operaciones logísticas durante el Gobierno Petro. Estos recursos provienen del Presupuesto General de la Nación. La fuerza pública ha cuestionado a sus integrantes por sus vínculos con el narcotráfico, sus nexos con organizaciones extranjeras en la frontera con Ecuador y las intimidaciones a la población civil, específicamente en Putumayo.
La negociación de la Consejería Comisionada de Paz con los Comuneros del Sur, una disidencia del ELN en Nariño, costó 4.277 millones de pesos con corte al primer semestre de 2025. Si bien se ha avanzado en la destrucción del material de guerra que cargaban sus hombres y descubierto fosas comunes por sus testimonios, hay indicios de continuidad criminal bajo el nombre de las Autodefensas Unidas de Nariño (AUN), con movimientos en diferentes municipios de la frontera colombo-ecuatoriana.
El Gobierno Petro también ha apostado en el Valle del Cauca con una mesa de conversación entre Los Shottas y Los Espartanos, las principales fuerzas criminales que aterrorizan a los habitantes de Buenaventura. Hasta abril de 2025, según el Departamento Administrativo de la Presidencia, los gastos reportados suman 1.373 millones de pesos, considerando principalmente trayectos y operaciones logísticas para la continuidad de los acercamientos, que han permitido treguas parciales y una reducción de los índices de violencia.
En el caso de Antioquia, la paz total urbana avanza con las principales estructuras ilegales que tienen injerencia en Medellín y el Valle de Aburrá. En un reciente informe suministrado a SEMANA, la Casa de Nariño cuantificó la conversación en 1.299 millones de pesos con corte al 31 de agosto de 2025. Aunque la fuerza pública desconoce el alcance de los acuerdos, los integrantes de la mesa celebran una supuesta reducción en los cobros extorsivos en algunos barrios y una caída en las muertes violentas asociadas a confrontaciones entre bandas.
Igualmente, los ecos de la política de negociaciones llegaron a la ciudad de Quibdó con las estructuras ilegales que controlan el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal. Para el primer semestre de 2025, los gastos representaron 537 millones de pesos provenientes del Fondo de Programas Especiales para la Paz. Tal como ocurrió en Buenaventura, se proyectaron treguas entre los criminales que se han cumplido parcialmente, mientras la población civil sigue denunciando millonarios cobros extorsivos.
La última carta que se jugó el Gobierno Petro fue con el Clan del Golfo. Aunque se desconoce la inversión realizada por el Ejecutivo, se sabe que los diálogos se desarrollan en Catar con ambas delegaciones. Se anticipó que los herederos de alias Otoniel podrían iniciar su proceso de transición en municipios de Chocó y Córdoba, donde son los principales actores ilegales. Aunque hay afán por materializar un acuerdo antes del final del mandato, existen varias líneas rojas, como la no extradición por delitos asociados al narcotráfico.
Precisamente, las prebendas que los voceros del Ejecutivo y los actores criminales están pactando requieren un marco jurídico para soportarlas y, por ahora, no hay ambiente en el Legislativo para su aprobación. El Gobierno y el Pacto Histórico impulsarán el debate en el último periodo, en medio de las elecciones de marzo y mayo. La oposición o respaldo de los sectores políticos podría convertirse en el talón de Aquiles durante las contiendas. Hay fuertes reparos, no solo de congresistas, sino también desde la Rama Judicial, por las implicaciones de la ejecución de estos acuerdos.
Para Juan Camilo Restrepo, excomisionado para la paz del gobierno de Iván Duque, la política de la paz total ha sido desacertada. Señaló que el Gobierno confundió términos, amparó a todos los criminales bajo un mismo concepto, aisló la paz de la seguridad y descuidó a la fuerza pública. Según Restrepo, el próximo Gobierno tendrá que caracterizar a todos los delincuentes antes de pensar en una negociación y asegurar el terreno ante las alteraciones protagonizadas por los ilegales.
Sergio Jaramillo, excomisionado para la paz de Juan Manuel Santos, reiteró que lo que está mal concebido no se puede enderezar. Consideró que el Gobierno Petro está usando instrumentos equivocados para las negociaciones y que ninguna de las estructuras ilegales tiene intención real de dejar las armas. Criticó que se hayan exaltado organizaciones ilegales de papel, como el Estado Mayor Central, cuya comandancia comparten de manera fragmentada y en disputa las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco y alias Calarcá, hoy enfrentadas por el control territorial.
El presidente Gustavo Petro se juega sus últimas semanas de mandato con la paz total. Aunque ha hecho guiños a varios grupos para materializar acuerdos al cierre del Gobierno, solo avanzan de forma parcial los procesos con el Clan del Golfo, los Comuneros del Sur y las disidencias de la Segunda Marquetalia, agrupadas en la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.
