Entre vuelos chárter, honorarios, esquemas de seguridad y gastos logísticos, el Gobierno del presidente Gustavo Petro destinó más de $88.840 millones a las mesas de negociación con grupos armados ilegales entre agosto de 2022 y diciembre de 2025.
La cifra quedó consignada en documentos del Fondo de Programas Especiales para la Paz, de la Presidencia de la República, conocidos por el concejal Julián Uscátegui, quien cuestionó el impacto real de la política de paz total mientras “persisten secuestros, ataques armados, extorsiones y homicidios en distintas regiones del país”.
El informe, entregado por el cabildante del Centro Democrático, desglosa uno a uno los recursos destinados a las negociaciones con el ELN, las disidencias del Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia y los Comuneros del Sur.
El documento sostiene que buena parte de los recursos terminaron concentrados en transporte aéreo, pagos de honorarios, logística y medidas de protección para delegados y negociadores de estructuras armadas que continuaron delinquiendo durante los acercamientos con el Gobierno.
La mesa más costosa fue la instalada con el Ejército de Liberación Nacional. Según los registros oficiales, allí se ejecutaron más de $32.960 millones. Solo en honorarios se destinaron cerca de $6.889 millones, mientras que el transporte aéreo superó los $7.521 millones y los esquemas de protección alcanzaron los $4.748 millones.
La negociación terminó suspendida en medio de nuevas acciones armadas atribuidas a esa guerrilla, incluidos ataques contra la infraestructura petrolera y denuncias por secuestros.
El segundo rubro más alto aparece en los diálogos con el denominado Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, encabezado por bloques armados señalados de narcotráfico y reclutamiento forzado. Allí el gasto superó los $34.601 millones.
El reporte conocido por Uscátegui detalla pagos por más de $6.123 millones en honorarios, $7.498 millones en transporte aéreo y otros $6.033 millones en esquemas de protección. Además, se destinaron más de $6.280 millones a mecanismos de participación de la sociedad civil.
Otro de los puntos que generó controversia dentro del informe corresponde a la mesa con la llamada Segunda Marquetalia, estructura disidente de las antiguas FARC. De acuerdo con la documentación, el Gobierno ejecutó allí más de $13.106 millones, incluidos $1.665 millones en honorarios y cerca de $3.884 millones en transporte aéreo.
El señalamiento cobra mayor relevancia luego de que sectores políticos recordaran que integrantes de esa estructura han sido vinculados por la Fiscalía a investigaciones relacionadas con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.
En paralelo, los diálogos adelantados con los Comuneros del Sur en Nariño implicaron recursos superiores a los $8.172 millones, incluidos $898 millones en honorarios y otros $669 millones en transporte aéreo.
Las tablas anexas al informe muestran que cada proceso de negociación contó con partidas específicas para funcionamiento, desplazamientos, protección y operación logística de las delegaciones.
“Mientras el Gobierno entrega beneficios a manos llenas a los criminales, estos continúan asesinando, secuestrando y extorsionando colombianos sin consecuencia alguna”, afirmó Uscátegui al cuestionar el balance de la política de paz del Ejecutivo.