En medio del deterioro de los indicadores de orden público en Bogotá, el concejal Julián Uscátegui radicó una acción popular contra la Alcaldía Mayor y la Secretaría Distrital de Seguridad con el propósito de exigir respuestas “urgentes, eficaces y verificables” frente a la crisis de seguridad que atraviesa la capital.
#EnMedios| Esta acción popular busca obligar a las autoridades a cumplir con su deber constitucional de proteger a los ciudadanos y garantizar el orden público en la ciudad. Aseguró el concejal Julián Uscátegui quien lidera la iniciativa. https://t.co/GK5myzIzCr
— Julián Uscátegui (@JulUscategui) April 21, 2026
La iniciativa se sustenta en un conjunto de problemáticas que, según el cabildante, evidencian una afectación sistemática de los derechos colectivos a la seguridad, la paz y el goce del espacio público.
Entre esas problemáticas, Uscátegui menciona el aumento de hechos violentos recientes, la presencia de estructuras criminales organizadas, el déficit de pie de fuerza policial y fallas en los frentes de seguridad.
A esto se suman, de acuerdo con la información entregada por el cabildante, la inoperatividad del parque automotor, la baja inversión en seguridad, el rezago en el sistema de videovigilancia y el hacinamiento en centros de detención transitoria, factores que, según la acción judicial, reflejan presuntas omisiones en el cumplimiento de funciones por parte de las entidades distritales.
“Bogotá atraviesa una crisis de seguridad sin precedentes, y lo más grave es la falta de respuestas contundentes”, señaló Uscátegui, quien aseguró que el recurso busca obligar a las autoridades a garantizar el orden público y la protección de los ciudadanos.
La acción popular plantea, entre otras medidas, la realización de un estudio técnico, jurídico y operativo para evaluar la solicitud de asistencia militar, conforme a la normativa vigente. También propone la implementación inmediata de un plan de choque integral con enfoque territorial, coordinación interinstitucional y metas verificables.
Asimismo, solicita la adopción de medidas cautelares para fortalecer la presencia institucional en zonas críticas, mejorar los canales de denuncia y brindar atención integral a las víctimas de la inseguridad.
Con este recurso judicial, el concejal pretende que se adopten soluciones estructurales que permitan contener el fenómeno delictivo y restablecer las condiciones de seguridad en la ciudad.