El gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego se está jugando su última carta por la paz urbana en Barranquilla y el Atlántico ad portas de las elecciones presidenciales. Mientras los comerciantes, pequeños empresarios, transportadores y familias enteras se ahogan en la extorsión, el equipo negociador busca poder instalar las mesas de diálogo sociojurídico con la banda de Los Costeños, al mando de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, y la que comanda Digno Palomino Rodríguez de Los Pepes.
SEMANA pudo establecer mediante fuentes cercanas al Gobierno nacional que estas mesas serían instaladas en la cárcel de Cómbita, en Boyacá, donde está alias Castor, y todo porque fue una de las peticiones del criminal al Gobierno para sentarse nuevamente a negociar tras el primer intento fallido. Con esta mesa por fuera del Atlántico, lo que buscan es poder blindar el proceso y que no haya intervención de las autoridades del orden local.
En ese sentido, lo que están tratando de realizar es descongelar todo este proceso que ha generado grandes convulsiones en Colombia y el Atlántico.
“Están buscando cómo instalar una mesa antes de que se den las elecciones, pero Los Costeños no la quieren instalar en Barranquilla porque el alcalde Char ha sido uno de los que le ha puesto trabas al proceso y ellos quieren que avance por fuera y que solo llegue al Atlántico cuando sea algo más sólido”, explicó un funcionario a SEMANA que, por seguridad, no revela su identidad.
De igual manera, esta revista conoció que entre finales de abril y comienzos de mayo de 2026, se ha dado por lo menos una reunión secreta en Barranquilla para tocar el tema de la paz urbana con delegados del Gobierno que llegaron desde Bogotá.
Y es que esto se da luego de que esta revista revelara en primicia la llegada de varios cabecillas al Atlántico de estas estructuras para esas mesas de diálogos sociojurídicos, lo que desató gran polémica y que terminó siendo suspendida por parte del Gobierno nacional.
“Lo que dicen desde las organizaciones es que no pueden estar dependiendo del ánimo de los representantes políticos de la región. Hoy amanecen de buen humor y mañana quieren sacar a todo el mundo y se cae todo. Se pierde todo el trabajo que se viene haciendo”, aseguró la fuente cercana al proceso.
La estrategia del equipo negociador es una y fue conocida por este medio de comunicación: blindar el proceso por fuera de Barranquilla y, cuando esté listo, solo sería socializarlo con las autoridades locales y departamentales, pero estas no tendrían ni voz ni voto en este aspecto.
“Las bandas han pedido el traslado de por lo menos diez cabecillas principales que están en varias cárceles de Colombia para poder tener el control de los hechos criminales que ocurren en Barranquilla y así poder detener, pero también llegar a unos acuerdos de paz”, explicó.
En medio de todo este proceso, se conoció que el equipo de negociadores de las organizaciones criminales está muy expectante de lo que pueda suceder, pues el primer intento fue todo un fracaso.
Asimismo, esta revista supo que en Barranquilla y el Atlántico hay una tercera organización muy poderosa que tiene vínculos con funcionarios públicos para robo de tierras y homicidios, pero estos no se encuentran en ningún proceso de paz con el Gobierno nacional.
“Nosotros realmente no creemos en eso; sin embargo, vamos saliendo para eso”. Cuando se le preguntó si creían que pudiera funcionar, respondió: “Con este gobierno no. La única forma de que funcione es que cambien al alto comisionado de Paz y pongan a una persona que venga dispuesta a sacar adelante la vuelta”, dijo uno de los integrantes de estas organizaciones a SEMANA.
El funcionario que conversó con esta revista señaló que, si bien el presidente de Colombia, Gustavo Petro, tiene la voluntad política de la paz urbana, muchos de sus funcionarios, al parecer, no.
“Prácticamente hay voluntad política del presidente, pero ninguno de sus funcionarios quiere cumplir esa política. Además, tienen que pedirles permiso a los gobiernos locales y eso no tiene sentido”, explicó.
SEMANA consultó a Alejandro Blanco Zúñiga, docente e investigador de la Universidad Libre de Barranquilla, quien es experto en temas de conflicto y ha seguido de cerca estas negociaciones, y precisó que abrir estas mesas de diálogo en era política da una lectura muy polémica de un asunto relacionado con votos.
“No puede pasarse por alto que una eventual reactivación de la mesa ocurriría en pleno tiempo electoral. Eso vuelve el escenario mucho más delicado, porque cualquier acercamiento con bandas criminales puede ser hiperpolitizado y puede ser leído, usado o instrumentalizado políticamente. Es clave recordar que las campañas están en una abierta disputa por el relato en torno a la seguridad y alto desgaste de la paz total; la mesa, en este sentido, podría convertirse no solo en un asunto de paz urbana, sino también en un factor de controversia electoral y de disputas por su legitimidad”, advirtió.
Del mismo modo, indicó que el equipo de negociación del gobierno de Gustavo Petro no pasa su mejor momento en temas de credibilidad para avanzar en este proceso tan complejo.
“Ha pasado ya un año desde que el presidente Gustavo Petro anunció la instalación de una mesa sociojurídica en Barranquilla con estructuras criminales urbanas. Sin embargo, los avances han sido muy limitados y las razones son múltiples”, explicó.
Asimismo, señaló que sin un marco jurídico que sea claro es muy complejo avanzar en este proceso de paz urbana que adelantan en el Atlántico. El tema sigue siendo muy de pinzas en esta zona del Caribe colombiano.
“Una de las más importantes es que todavía no existe un marco jurídico claro que permita materializar una negociación con bandas dedicadas a economías ilegales. Lejos de observarse un proceso sostenido de desmonte de estructuras ilegales, en Barranquilla y su área metropolitana han surgido o se han reacomodado nuevas organizaciones criminales. Esto complica cualquier intento de diálogo, porque no basta con conversar con dos o tres actores visibles si el ecosistema ilegal sigue reproduciéndose en los barrios o desde las cárceles”, explicó.
El académico insistió en que no ve, por ahora, un desmonte oficial de las economías de las organizaciones criminales mediante la extorsión, venta de estupefacientes, entre otras.
“En ese sentido, una mesa que no logre reducir la extorsión corre el riesgo de convertirse apenas en un mecanismo de contención parcial del homicidio, pero no en una estrategia efectiva de transformación de las condiciones que sostienen la violencia urbana. También debe señalarse que el proceso carece de músculo territorial, tiene muy poca base social y no parece contar con una arquitectura local sólida que lo respalde. Una mesa de este tipo no puede depender únicamente del Gobierno nacional o de algunos facilitadores”, agregó.
Blanco precisó que es muy complejo avanzar en un proceso de paz cuando los actores locales, en este caso la Alcaldía de Barranquilla y la Gobernación del Atlántico, no están de acuerdo con que los criminales sean sentados en estas mesas.
“El elemento más complejo es la falta de apoyo institucional local; el alcalde Alejandro Char se ha opuesto de manera clara y muy contundente al proceso. Esa tensión compleja limita la capacidad de implementación, porque ninguna estrategia de paz urbana puede avanzar de manera consistente si la Alcaldía, la Policía, la Fiscalía, la Gobernación y el Gobierno nacional no comparten una hoja de ruta mínima”, señaló.
En medio de esta convulsión que ha generado la paz total del presidente Gustavo Petro en el Atlántico, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, ha marcado su posición en que con los criminales no se negocia y que, por el contrario, deben es fortalecer a la Fuerza Pública y así avanzar en contra de estas estructuras que siguen sembrando terror.
Hasta la publicación de este informe periodístico, no se conocía una fecha exacta de la instalación de estas mesas de conversación entre bandas y el gobierno de Gustavo Petro.