La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió en un documento de 1.020 páginas llevar a juicio a los congresistas Liliana Bitar, Juan Diego Muñoz, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo, Karen Manrique y Wadith Manzur, por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD).
SEMANA conoció apartes de ese documento y sobre todo los motivos que tuvieron en cuenta los magistrados de esa Sala para enviar a la cárcel a Manzur y a Manrique por dos motivos principales: el peligro que podrían representar para la sociedad y la protección que necesita el proceso judicial.
En la definición de la situación jurídica que tuvo ponencia del magistrado Misael Rodríguez, la Corte explicó que “la detención preventiva resulta plenamente justificada en el caso de Manzur Imbett y Manrique Olarte porque es necesaria para proteger a la comunidad; y, adicionalmente, frente al primer sindicado, se justifica esta medida preventiva con el fin de proteger la actividad procesal y probatoria”.
Esa postura contó con el apoyo del magistrado Héctor Alarcón y los dos conjueces que aceptaron la ponencia, mientras que sus colegas Francisco Farfán, César Reyes, Marco Antonio Rueda y Cristina Lombana tuvieron salvamento parcial del voto de la mayoría.
Sin embargo, la Corte terminó concluyendo que Manzur y Manrique representarían un peligro para la sociedad, porque “habrían comprometido por fines corruptos la función pública, minando así la confianza institucional y la confianza de los ciudadanos en sus representantes (…) habrían, también, afectado el principio de separación de poderes que implica la obligación de los congresistas de hacer control efectivo de las decisiones del Ejecutivo”.
Para la Sala de Instrucción, los dos congresistas enviados a la cárcel “acumularon recursos, contactos e influencias que les permitirían seguir con su actividad delictiva”, por lo que su conducta fue enmarcada en una “red criminal capaz de cooperar, como presuntamente lo hizo en este caso, las principales instituciones del país”. La Corte no pasó por alto que los congresistas tienen “una alta capacidad de mantenerse en las prácticas corruptas”. Por eso fueron capturados luego de ser reelegidos.
El documento en poder de esta revista también expuso que tanto Wadith Manzur como Karen Manrique, así como sus colegas Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Julián Peinado y Juan Diego Muñoz, irán a juicio por cohecho impropio, un delito que “pretende castigar, en términos gruesos, el comportamiento corrupto del funcionario público que, por razones privadas, vende su función a cambio de una dádiva”.
Los seis congresistas que integraban la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público fueron señalados por varios de los testigos dentro de este escándalo como los supuestos beneficiarios de tres contratos por más de 92.000 millones de pesos en Bolívar, Arauca y Córdoba.
Para la Corte, este tipo de negociaciones ilícitas entre votos parlamentarios y decisiones administrativas causa que “los congresistas terminan condicionando decisiones del Ejecutivo” e imponen “intereses particulares, presionando trámites y acelerando decisiones con el fin de obtener beneficios propios o de terceros”. Lo que deja de responder a la función administrativa y pasa a “depender de negociaciones políticas clandestinas”.
La decisión también recordó que los testimonios implican a los dos legisladores capturados con dilaciones en las sesiones de la Comisión de Crédito Público con los empréstitos de la Nación, ralentización de manera injustificada de trámites crediticios y otro tipo de jugaditas mientras “habrían venido gestando una negociación criminal liderada por ellos”, dice el alto tribunal. Ese cuello de botella ponía en jaque el crédito público y la relación con la banca y organismos multilaterales para Colombia.
El alto tribunal expuso que las conversaciones formales e informales que se han conocido de Manzur y Manrique en ese caso, dejan ver cómo, “con probable desprecio por la legalidad, indagaban por avances en la negociación criminal, solicitaban resultados, requerían ser atendidos privilegiadamente para que se escucharan sus solicitudes indebidas y, en general, alejados de cualquier discusión técnica o normativa, controlaban el avance de la negociación criminal con el Ejecutivo”.
La Corte terminó definiendo la situación jurídica de los congresistas con una nueva compulsa de copias contra Wadith Manzur, Karen Manrique y el representante a la Cámara, Jhon Fredy Núñez, por el supuesto interés que habrían tenido en una serie de contratos que estarían relacionados con Cotorra (Córdoba) y Saravena (Arauca).