Un procedimiento de tránsito que terminó en una denuncia por agresión física y amenazas tendrá ahora acompañamiento jurídico de alto perfil. La agente María Camila Martínez, quien denunció haber sido atacada durante un operativo en Ibagué, será representada legalmente por el equipo del exministro de Justicia Wilson Ruiz.
El caso ocurrió el pasado 4 de septiembre, cuando la funcionaria llegó hasta las inmediaciones de la Clínica Avidanti luego de recibir una alerta relacionada con vehículos que, según su versión, estaban estacionados de una manera que dificultaban el transito.
Durante el procedimiento, una grúa llegó al lugar y los agentes comenzaron a realizar controles a los conductores. Martínez explicó que en medio de esas labores solicitó los documentos a una mujer que se encontraba en la zona y le informó sobre la actuación que se estaba adelantando.
De acuerdo con la denuncia presentada por la funcionaria, la situación se salió de control después de ese requerimiento. La agente aseguró que recibió varios golpes en el rostro y terminó con una lesión en la boca. También afirmó que, aunque intentó alejarse para controlar el momento, la agresión habría continuado.
Las imágenes del episodio circularon ampliamente en redes sociales y pusieron el foco sobre las condiciones de seguridad a las que se enfrentan los agentes de tránsito durante los procedimientos de control en las calles.
La Administración Municipal de Ibagué informó que Martínez recibió acompañamiento tras lo sucedido y que tendría respaldo durante el proceso legal. Ahora, ese trámite contará además con la representación del bufete encabezado por Wilson Ruiz, quien fue ministro de Justicia.
El abogado Manuel Villanueva será el encargado de asumir directamente la defensa de la agente. El equipo jurídico anunció que adelantará las actuaciones necesarias para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el enfrentamiento.
Ruiz se refirió al caso y cuestionó que la violencia pueda convertirse en una respuesta frente a los procedimientos adelantados por funcionarios públicos.
“La violencia contra nuestros servidores públicos no puede normalizarse. Acompañaremos este caso para que se esclarezcan los hechos, se determinen responsabilidades y haya justicia”, manifestó el exministro.
El objetivo de la representación jurídica será acompañar a la agente durante las actuaciones correspondientes y buscar que se establezcan las circunstancias concretas del episodio ocurrido en inmediaciones de la Clínica Avidanti.
Mientras avanza la investigación, el caso también ha generado una discusión sobre los límites de los controles de tránsito y las respuestas que reciben los funcionarios encargados de hacer cumplir las normas en las calles.