La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para establecer si funcionarios de la Corporación Autónoma Regional del Tolima (Cortolima) estuvieron involucrados en presuntas irregularidades relacionadas con la tala y quema de material vegetal en una finca ubicada en la vereda Guacamayas, en el municipio de Dolores.
La investigación fue anunciada este 15 de septiembre y busca esclarecer las circunstancias en las que se habrían desarrollado estas actividades, ocurridas el pasado 25 de agosto de 2026, en un momento particularmente sensible para el departamento debido a la emergencia provocada por los incendios forestales.
Uno de los puntos que estará bajo revisión de la Procuraduría es la posible participación de una funcionaria de Cortolima que, de acuerdo con la información conocida por el Ministerio Público, sería la propietaria del predio donde se realizaron las labores cuestionadas.
Sin embargo, la entidad no ha establecido que la funcionaria haya autorizado o contratado directamente la tala y la quema. Precisamente, la indagación previa pretende determinar si existió alguna participación de su parte y establecer las actuaciones que pudo adelantar la autoridad ambiental frente a estos hechos.
El caso también está relacionado con un procedimiento en el que fueron capturados dos campesinos por parte de las autoridades. La Procuraduría busca determinar qué ocurrió durante esa jornada y bajo qué circunstancias se llevaron a cabo las labores de intervención del material vegetal.
Como parte de las actuaciones para esclarecer el caso, el Ministerio Público verificará si para la fecha de los hechos existían permisos o autorizaciones que permitieran realizar la tala y la quema controlada dentro del predio. Además, revisará cuáles eran las restricciones y disposiciones ambientales que se encontraban vigentes en ese momento.
Este último aspecto será clave para determinar si las actividades realizadas en la finca se ajustaban a la normativa ambiental o, por el contrario, pudieron haberse presentado actuaciones irregulares.
La indagación previa contra funcionarios por determinar de Cortolima permitirá recopilar información y establecer las circunstancias concretas de lo ocurrido. Por ahora, la Procuraduría no ha determinado responsabilidades disciplinarias y el proceso se encuentra en una etapa inicial.
El caso adquiere especial relevancia por el contexto ambiental que atraviesa Tolima, departamento que durante las últimas semanas ha registrado varias conflagraciones. En ese escenario, las autoridades han mantenido activos diferentes mecanismos para atender y controlar las llamas.
Ahora, la Procuraduría deberá establecer si las actividades realizadas en la finca de la vereda Guacamayas contaban con los permisos correspondientes, quiénes participaron en ellas y cuál fue la actuación de Cortolima frente a la situación.