Cinco días antes de que finalice la era del Gobierno del presidente Gustavo Petro, la Contraloría General de la República emitió una nueva alerta sobre la billonaria desfinanciación que recibirá el presidente Abelardo De La Espriella este próximo 7 de agosto.
Después de un riguroso análisis sobre el proyecto de Presupuesto General de la Nación para el 2027, el ente fiscal detectó un hueco de 30.2 billones de pesos que han sido identificados como “riesgos estructurales” asociados a la financiación del país.
Por eso la Contraloría hizo un llamado a respaldar cada apropiación con ingresos o ajustar el gasto para mantener la sostenibilidad fiscal, la discusión en el Congreso sobre un presupuesto técnicamente financiado y capaz de cumplir con el compromiso del Estado.
Esta no es la primera vez que este tipo de estudios ha generado alertas, pues en las últimas vigencias presupuestales de 2024, 2025 y 2026 también se hallaron dichas fallas que han dejado llamados de insistencia para que el presupuesto se sustente “en ingresos y no sobre supuestos” para aumentar la inversión y mantener la coherencia entre ese proyecto y el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
La Contraloría advirtió que el presupuesto que se construyó hace dos años para el 2026 dejó serias advertencias sobre el riesgo fiscal que representaba el proyecto por la “incertidumbre sobre las fuentes de financiación previstas”; por eso en esa oportunidad el Gobierno volvió a planear el presupuesto con base en una reforma tributaria que no vio la luz.
Las advertencias también revelaron en su momento que el crecimiento sostenido de los gastos de funcionamiento estaba por encima del aumento esperado de la economía, una situación que terminó en otro jalón de orejas para que el Gobierno Petro tomara más medidas efectivas para racionalizar y optimizar el gasto público.
Ahora, en el presupuesto que le deja Petro a De La Espriella para 2027, la Contraloría calificó como una “mayor preocupación” el aumento que puede dejar el gasto proyectado sobre el servicio de la deuda. Mientras que los recursos destinados para inversión y funcionamiento podrían quedar “prácticamente estancados”.
Esta situación, según el ente de control fiscal, podría incrementar la presión sobre las finanzas públicas, reducir el margen para impulsar el desarrollo, disminuir los ingresos estimados frente a la vigencia anterior y golpear la participación de ingresos corrientes.
Un panorama que podría aumentar la “dependencia de otras fuentes de financiación y exige mayor prudencia fiscal, sostenibilidad de las finanzas públicas y la suficiencia de los ingresos que respaldan el gasto proyectado“, según la Contraloría.
Las entidades que tendrán una reducción en el presupuesto proyectado para el próximo año son el Fondo de Adaptación, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, el Ministerio de la Igualdad, el Fondo Nacional de Vivienda y la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
El Sistema General de Regalías también enfrentaría una posible contingencia frente al recaudo por debajo de lo previsto, el bloqueo de apropiaciones y la disminución de capacidad de inversión en territorios para proyectos, obras y servicios.