En el marco de la investigación que adelanta la Fiscalía por las presuntas irregularidades en el trámite, adjudicación y firma del millonario contrato para el suministro de pasaportes, el ente acusador tomó la determinación de citar a imputación de cargos al excanciller Álvaro Leyva.
Un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá concluyó que el exfuncionario del Gobierno del presidente Gustavo Petro habría incurrido en el delito de prevaricato por acción, luego de referir lo que consideraron actos administrativos contrarios al derecho en el proceso de licitación de ese millonario contrato.
“La Fiscalía radicó ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá solicitud de audiencia de imputación contra el exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, por el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo”, señaló la Fiscalía.
La fiscal a cargo del proceso solicitó la audiencia de imputación de cargos ante el Tribunal Superior de Bogotá, con el propósito de entregar allí, al mismo Álvaro Leyva, los elementos materiales probatorios que advierten su presunta relación con los actos que se están investigando.
El exfuncionario sería el responsable de proferir varios actos administrativos contrarios al derecho en el contexto del proceso de licitación pública, cuyo objeto fue “suministrar, formalizar y prestar el servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes”, dijo el ente acusador.
Las irregularidades también estaban en lo que la Fiscalía llamó el servicio de impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana con zona de lectura mecánica. Los elementos de prueba recaudados por el ente acusador serán el sustento de la imputación de cargos en una audiencia que fijará el Tribunal en las próximas horas.
Acatar la orden del presidente Gustavo Petro de cambiar la empresa con la cual se expedían los pasaportes, para sacar del camino a la firma Thomas Greg and Sons, le ha salido caro, y el mismo mandatario lo sacó del cargo, lo que generó duras tensiones en medio de las cuales Leyva a sido claro en las presuntas adicciones y “escapadas” de Petro en sus viajes internacionales.
Leyva también fue suspendido por la Procuraduría General de la Nación por 10 años para ejercer cargos públicos. El ente de control lo sancionó por declarar desierto el proceso de contratación por 600 mil millones de pesos que inicialmente se ganó Thomas Greg & Sons.
Después de esa declaración, al canciller también le tocó decretar una urgencia manifiesta para volver a contratarla empresa multinacional con el fin que no se viera afectado el proceso de elaboración de pasaportes en Colombia. Todas esas acciones terminaron siendo investigadas disciplinariamente por la Procuraduría General de la Nación.