La Fiscalía General solicitó medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco en medio del proceso penal que se les adelanta por el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Invías.
Lo anterior al considerar que sus acciones representan un peligro para la sociedad. Igualmente, reclamó que en libertad pueden emprender la fuga, lo que representaría una obstrucción a la justicia.
La fiscal delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño, aseveró además que pueden manipular pruebas y presionar a los testigos que ya firmaron un acuerdo con el ente investigador a cambio de entregar información.
Para el ente investigador, en 2023 los entonces ministros hicieron parte de un “pacto criminal” consistente en “comprar congresistas” con el fin que aprobaran las reformas que había radicado el Gobierno. Entre estas se destacaban las reformas a la salud y a la pensión.
“Ustedes, Luis Fernando Velasco Chávez, entonces ministro del interior, y Ricardo Bonilla González, para la data ministro de Hacienda y Crédito Público, se concertaron entre sí y con otras personas conocidas y desconocidas para cometer delitos contra la administración pública con el fin de asegurar las mayorías que les permitieran la aprobación de proyectos de ley del Gobierno Nacional”, señaló la fiscal delegada.
Para conseguir sus objetivos, los dos ministros, según la Fiscalía, ofrecieron cupos indicativos que estaban representados en proyectos, contratos y convenios que estaban en poder de la UNGRD y el Invías.
Según las pruebas, se comprometieron 74 proyectos del Invías avaluados en 571 mil millones de pesos, mientras que en la UNGRD se establecieron cinco proyectos con un valor de 40 mil millones de pesos.
Sin embargo, una vez estalló el escándalo, solamente se pudieron direccionar siete proyectos, dirigidos principalmente a los congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, así como de la Sección Primera y la Séptima.
“Usted, Luis Fernando Velasco Chávez, en junio del 2023 le ordenó a Olmedo de Jesús López Martínez apoyar la reforma pensional, para lo cual debía presentarse en uno de los debates de la Comisión Séptima del Senado de la República con el fin de entregar contratos a ciertos parlamentarios para seguir ampliando las mayorías en esa comisión, pues allí se tramitaban las reformas importantes del Gobierno nacional, esto es a la salud y a las pensiones”, precisó.
Después de la pregunta de la magistrada, los dos exministros no aceptaron los tres cargos que les imputó la Fiscalía General (concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos).