Desde hace varios meses, el ministro del Interior, Armando Benedetti, ha expresado serias diferencias y ha llegado a decir palabras de grueso calibre en contra de la magistrada Cristina Lombana, integrante de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y quien llevó varias investigaciones en su contra cuando era congresista de la República.
Pero es que la Corte ha tenido en la mira al alto funcionario del Gobierno Petro en por lo menos siete oportunidades, por casos relacionados con el extinto Fonade, las electrificadoras del Meta y Caribe, elecciones en La Guajira y hasta un capítulo que incluye al polémico Euclides Torres.
El caso que más ha tenido avances es el del extinto Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, pues la Corte Suprema pasó el caso de la Sala de Instrucción a la Sala de Primera Instancia para “enjuiciar” a Benedetti en ese caso que también involucra al cuestionado exsenador Bernardo Elías Vidal, conocido como el Ñoño.
En este caso, el ministro Armando Benedetti es señalado de supuestamente presionar para favorecer un proceso de contratación en esa entidad. El entonces senador, en 2017, habría utilizado su cargo para que le entregaran un contrato a una empresa, utilizando su cargo y poder como congresista.
La Corte Suprema también tuvo en la mira al excongresista y exembajador por los presuntos actos irregulares que dieron en diferentes entidades públicas, específicamente, entre las electrificadoras del Caribe (Electricaribe) y del Meta (Emsa). Lo que se trataba de establecer era si el alto funcionario del Gobierno habría tenido influencia en esas entidades que se transformaron en capital político.
El otro episodio que involucra a Benedetti tiene que ver con los exrepresentantes a la Cámara Tatiana Cabello y Efraín Torres, hijo del polémico empresario Euclides Torres, involucrados en el presunto favorecimiento de un proyecto de ley a la firma conocida como Simetric S.A., que se habría encargado de certificar a los vigilantes del país para el porte y tenencia de armas de fuego.
Simetric S.A. resultó ser parte de una de las uniones temporales que en su momento tuvo Euclides Torres, conocido socio político de Benedetti y quien ha sido mencionado por Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Petro, como uno de los principales financiadores de la campaña política de su papá.
La Sala de Instrucción también investigó a Benedetti por la supuesta maquinaria política que habría creado con concejales en Maicao, La Guajira, para poner alcaldes, gobernadores, representantes y hasta senadores.
El entonces senador del Partido de La U también resultó salpicado en el famoso carrusel de la educación en Córdoba, al parecer, por las pólizas falsas que se habrían utilizado para crear poderes falsos que permitieron el cobro de dinero para el magisterio de ese departamento.
En las declaraciones de Álvaro Enrique Burgos, abogado que estuvo recluido en la cárcel de Montería por participar en ese entramado de corrupción, se señaló que Benedetti pedía por lo menos el 20 % del dinero que le estaba siendo robado al Fondo Nacional de Prestaciones de la entidad bajo esa modalidad.
Benedetti también es investigado por las presuntas irregularidades que se habrían dado en la prestación del servicio de salud del magisterio de Córdoba. Todos estos hechos se habrían presentado cuando era senador de la República.
La Sala de Instrucción también le puso la lupa a un presunto incremento injustificado de su patrimonio, un caso que desató un conflicto de competencias entre el magistrado César Reyes, encargado de la investigación, y la Fiscalía, por los constantes cambios de cargo de Armando Benedetti.