El último día de octubre de 2025, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tomó la decisión de extender por un año más el mandato de su Misión de Verificación en Colombia, el cual busca revisar que se cumplan los compromisos pactados en 2016 en el proceso de paz con las Farc.
No obstante, en esta ocasión el organismo multilateral incluyó un cambio clave en el alcance de la verificación: ya no estará dentro de su mandato evaluar el capítulo étnico del acuerdo de paz, ni la justicia transicional bajo la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La resolución fue respaldada por trece de los quince miembros del Consejo, mientras que Estados Unidos se abstuvo y ningún país votó en contra. De esta manera, el organismo internacional ratificó su compromiso con el proceso de paz colombiano, aunque la decisión de Washington introduce un matiz político que no había aparecido en votaciones previas.
La decisión, además, fue objeto de críticas por parte de algunos miembros del Consejo de Seguridad, que consideraron que se debilita el acompañamiento internacional en esos componentes claves.
Entre quienes lamentaron el menor acompañamiento de la ONU está la vicepresidenta Francia Márquez quien, a través de su cuenta de X, manifestó que la decisión representa un retroceso significativo en el camino hacia la consolidación de una paz con justicia para los pueblos étnicos, “más aun teniendo en cuenta que en sus territorios persiste la violencia de los grupos armados ilegales y se hace urgente proveer alivio humanitario”, sostuvo.
En su publicación, la vicepresidenta también aseguró que la verificación internacional ha sido clave para fortalecer la participación de las comunidades, abrir espacios de diálogo y garantizar la transparencia y el rigor en la implementación de los compromisos. “Nuestro compromiso sigue firme: como Estado y como gobierno no vamos a abandonar nuestra obligación de implementar el Capítulo Étnico para seguir construyendo senderos de paz. Invitamos a la comunidad internacional para que siga acompañando a Colombia en esta difícil tarea de consolidar una paz estable, duradera e incluyente. Seguiremos adelante, trabajando por la paz y la justicia social hasta que la dignidad se haga costumbre”, reiteró.
Otra alta funcionaria que lamentó la decisión del Consejo de Seguridad fue la embajadora de Colombia ante la ONU, Leonor Zalabata. Ella aseguró que el deseo colombiano, compartido con la amplia mayoría de miembros, era preservar tanto la justicia transicional y el capítulo étnico dentro del mandato extendido. “El modelo de justicia centrado en las víctimas, en un modelo internacionalmente reconocido incluso por este mismo Consejo (...) Continuaremos en todo caso con su implementación. Señor presidente, la integralidad del acuerdo de 2016 exige que su implementación sea coherente, equilibrada y coordinada, pues todos sus puntos contribuyen de manera conjunta a los objetivos de la paz”, aseguró la embajadora.
Igualmente, la Unidad de Restitución de Tierras manifestó su profunda preocupación frente a la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de no verificar el capítulo étnico del Acuerdo de Paz. “Esta medida pone en riesgo la implementación de los compromisos adquiridos con los pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos, históricamente afectados por el conflicto armado”.
La entidad hizo un llamado a las comunidades ancestrales y sociales a expresar su voz y “defender el capítulo étnico, pilar fundamental para garantizar una paz con justicia, verdad y reparación en los territorios”.