Pocas horas después de que el Consejo de Estado ordenara la suspensión provisional de los diálogos del Gobierno Petro con la Segunda Marquetalia, la Oficina del Comisionado de Paz emitió un comunicado en el que aseguraba que las conversaciones se estaban adelantando con un grupo llamado Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.
“Como lo ha informado oportunamente nuestra delegación de paz a la opinión pública, desde el mes de noviembre de 2024, con la agrupación ilegal Segunda Marquetalia no existe ningún contacto o comunicación y, menos aún, negociación con el señor Iván Márquez”, indicó el Comisionado de Paz, Otty Patiño.
Para esto, citó la resolución emitida en julio de 2025, en la que se establecía una mesa de negociación con el grupo denominado Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, con la cual se han realizado “avances significativos para el propósito de reducir la violencia en los territorios”.
Frente a esta situación, la Fundación para el Estado de Derecho —que presentó la demanda que llevó a la suspensión de los diálogos— cuestionó la respuesta emitida por la Consejería Comisionada de Paz.
En una respuesta directa, la Fundación señaló que se optó por un cambio de nombre de la Segunda Marquetalia, con el fin de continuar las negociaciones.
En este sentido, señaló que la respuesta carece de cualquier sentido jurídico: “Si realmente fueran grupos distintos, lo lógico habría sido iniciar un nuevo proceso de paz con un acto administrativo independiente, no simplemente cambiar el nombre y mantener los mismos representantes y los mismos actos. Pero más allá de eso, destacamos el llamado del Consejo de Estado”.
Las negociaciones o los acercamientos, indicaron los demandantes, tienen unos lineamientos claros que deben respetarse.
En el caso de la Segunda Marquetalia, no se puede perder de vista que dicho grupo armado ilegal fue conformado por varios excomandantes de la guerrilla de las Farc que abandonaron el Acuerdo de Paz firmado en 2016.
Entre estos se encontraban, además de Iván Márquez, Seuxis Paucías Hernández Solarte, conocido como Jesús Santrich; así como Hernán Darío Velásquez Saldarriaga, alias El Paisa; y Henry Castellanos Garzón, alias Romaña.
“Al Gobierno le recuerda que no se pueden realizar negociaciones con disidentes que han suscrito acuerdos y luego volvieron a las armas; lo prohíbe la Constitución y la ley. Los propios actos del Gobierno contradicen la idea de que se negociaba con ‘fantasmas’, como afirmó hoy el señor Otty Patiño a medios de comunicación”, respondió la Fundación.