En 2012, un juez del Distrito Este de Virgina (Estados Unidos) condenó a 13 años de prisión al general (r) Mauricio Santoyo después que aceptara su responsabilidad en una alianza criminal con los grupos paramilitares cuando fungió como comandante del Gaula de la Policía (la unidad dedicada a enfrentar los casos de secuestro) en Medellín entre 1997 y 2001.
En el acuerdo, el oficial en retiro aceptó los cargos imputados por las autoridades estadounidenses en relación con las “operaciones” que se hicieron de la mano con las estructuras paramilitares que delinquían en esa región y que desembocaron en desapariciones forzadas de defensores de derechos humanos, reclamantes de tierras y líderes sociales.
Trece años después, y mientras su sometimiento en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se encuentra en la cuerda floja por su falta de aportes a la verdad, el general en retiro detalló los hechos que lo llevaron a aceptar cargos, esto pese a que su deseo siempre fue ir a un juicio y presentar sus pruebas.
En un relato ante la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, el excomandante del Gaula en Medellín aseveró que, en esa oportunidad, y por recomendación de su abogado que le puso de presente el panorama judicial al que se enfrentaba, tomó la decisión de llegar a un acuerdo de aceptación de responsabilidades para lograr una reducción de su condena.
El abogado, recordó, le dijo que en Estados Unidos, la mayoría de los casos se resolvían de esa forma. “El proceso en Estados Unidos no fue un juicio, allá fue una negociación procesal. Mi caso se resolvió bajo el mecanismo que domina más del 90 % del sistema penal federal, el acuerdo de culpabilidad”.
“Eso significa que no hubo juicio, no hubo contradicción de testigos, no hubo etapa probatoria, no hubo presentación de víctimas, no hubo reconstrucción histórica completa de hechos. La decisión se tomó bajo la regla 11 de la Federal Rules Criminal Procedure, un mecanismo procesal que no busca verdad histórica, sino la resolución eficiente del caso”, reseñó el oficial en retiro.
Frente a las preguntas del magistrado Pedro Elías Díaz, el general en retiro solamente atinó a decir que, pese a su aceptación de cargos, hace más de una década, los aportes a la verdad que se le están exigiendo en la JEP son más complejos.
“El juez solo verifica dos cosas, que yo entiendo lo que estoy firmando o verifica que uno entiende lo que está firmando. Sí, yo entiendo lo que estoy firmando, pero que existe una base mínima para declarar que un delito en abstracto puede sostenerse. No se exige narración detallada, no se exigen fechas exactas, no se identifican víctimas, no se prueba cada hecho, no existen hechos específicos con circunstancias de tiempo, modo y lugar”, respondió.
“Por eso, lo afirmo con toda serenidad, el sistema estadounidense nunca produjo la verdad detallada que de pronto se espera acá o que se cree o que creen que uno tiene. La declaración de hechos es un documento redactado para satisfacer el requisito mínimo de tipicidad. Describe hechos genéricos, señor magistrado, no identifica víctimas, no identifica fechas exactas, no establece secuencias temporales, o sea, no atribuye nombres”, añadió en la sala de audiencias en la sede central de la JEP.
“Es un documento construido para cerrar un acuerdo, no para explicar la totalidad de los hechos. Por eso hoy para mí es imposible ampliarlo con detalles que nunca existieron en el proceso original. Aquí, señor magistrado, me preguntan y me dicen qué hechos específicos, pero, como le digo, no hay hechos específicos, señor magistrado”, detalló.
“Señor magistrado, allá nunca, nunca en el expediente quedaron identificadas víctimas, no hay fechas exactas, no hay actos individualizados, no hay pruebas forenses o testimoniales, no hay planos de, no hay documentos, no hay reconstrucción de contexto”, explicó.
Finalmente, tras hacer estas aclaraciones, aseguró que lleva seis años y medio privado de su libertad, por lo que pidió que se revisara su situación jurídica. Todo esto, pese a los constantes reclamos de las víctimas de desaparición forzada que le exigen que cuente toda la verdad.