A dos semanas de la primera vuelta presidencial, las autoridades de los departamentos del Meta y Guaviare manifestaron su preocupación ante posibles casos de constreñimiento electoral a la población en zonas rurales afectadas.
Durante un consejo de seguridad, la Gobernación del Meta y el Ejército advirtieron que estructuras disidentes de las Farc, al mando de alias Calarcá e Iván Mordisco, estarían obligando a los habitantes a participar en procesos de carnetización ilegal con el fin de mantener control sobre las comunidades e influir en el comportamiento de los votantes de cara a las próximas elecciones presidenciales.
Además, las autoridades también anunciaron la implementación de nuevas medidas para reforzar el control del territorio, intensificar los operativos militares y policiales, fortalecer las labores de inteligencia y aumentar las acciones de prevención con el fin de garantizar la protección de las comunidades y mejorar las condiciones de seguridad.
De igual manera, durante la rueda de prensa en la que estuvieron presentes la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, y altos mandos del Ejército Nacional, las autoridades señalaron que los recientes enfrentamientos en el sur de la región no obedecen solamente a disputas por corredores estratégicos o dominio territorial, sino también a un interés de intimidar y someter a la población civil.
“Al sur del departamento, principalmente Guaviare, que son las Farc de Calarcá y de Mordisco, en el contexto de esta disputa por el territorio, no es solo el territorio de la población y se tiene evidencia e información de actividades de carnetización de personas en las áreas rurales para poder controlar a estos ciudadanos”, señaló el jefe de Estado Mayor de Operaciones del Comando General de las Fuerzas Militares, el mayor general Erik Rodríguez.
Luego, agregó el jefe de operaciones del Ejército que se vienen adelantando operaciones importantes: “Se han dado resultados de relevancia en el departamento del Guaviare durante los últimos meses, los cuales ya han sido de conocimiento público, como unos bombardeos y unas afectaciones importantes. También en el departamento del Meta hemos realizado varios operativos contra estos grupos”.
Por otro lado, la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, alertó que en los últimos meses se ha venido expandiendo de manera acelerada una presunta estrategia de carnetización ilegal en varias zonas rurales del sur del departamento, especialmente en comunidades vulnerables.
Según explicó la mandataria, habitantes de estas regiones han recibido panfletos y amenazas en los que se les exige inscribirse siguiendo órdenes de las disidencias armadas, situación que, al parecer, busca condicionar el ejercicio libre del voto en las próximas elecciones presidenciales.
Cortés advirtió que estos hechos podrían constituir una forma de constreñimiento electoral, ya que generan miedo entre la población y ponen en riesgo la participación democrática de los ciudadanos.
“Ya lo denunciamos en un comité en la Gobernación del Meta, no se dijo por qué candidato, pero eso ya viene sucediendo. Se sabe que ya viene sucediendo, desafortunadamente, la carnetización en zonas rurales del departamento y, por supuesto, nos preocupa el tema electoral y el constreñimiento al voto. Estos grupos insurgentes que tienen presencia en estos sitios vienen diciendo a la población que se inscriban para que voten el tema presidencial. Ese hecho se denunció”, señaló la gobernadora.
Frente al panorama de inseguridad que enfrentan Meta y Guaviare, las autoridades anunciaron el despliegue de todas sus capacidades institucionales para enfrentar la influencia de los grupos armados ilegales y garantizar el libre ejercicio del voto en las próximas elecciones.
Al finalizar la reunión de seguridad, se determinó aumentar a 100 millones de pesos la recompensa por información que permita identificar y capturar a los responsables de estos hechos, además de fortalecer las operaciones coordinadas entre el Ejército, la Policía, la Fiscalía y los organismos de inteligencia.
De igual forma, se confirmó la entrega de 12 motocicletas al Ejército Nacional con el propósito de reforzar los patrullajes en áreas rurales y mejorar los controles en corredores considerados estratégicos.