En el marco de una investigación adelantada por una fiscal especializada contra las violaciones a los derechos humanos, la Fiscalía General de la Nación logró establecer la presunta actuación criminal de Luis Arnulfo Tuberquia, conocido con el alias de Memín, cuando se desempeñaba como comandante del Bloque Noroccidental de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).
De acuerdo con la entidad, los hechos ocurrieron entre noviembre de 1996 y septiembre de 2005 en los municipios de San Jerónimo y Ebéjico, Antioquia.
Según la investigación, las acciones del exjefe paramilitar estuvieron dirigidas principalmente contra población campesina, comerciantes, finqueros y líderes sociales de estas localidades, en un contexto de violencia que dejó múltiples víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
Durante una diligencia de formulación de cargos, Memín aceptó su responsabilidad en 167 hechos delictivos, de los cuales 123 ocurrieron en San Jerónimo y 44 en Ebéjico. Entre los casos reconocidos se encuentran los homicidios del exalcalde de Santa Fe de Antioquia y excandidato a la Cámara de Representantes, William de Jesús Rivera Brand; del concejal de San Jerónimo, Jaime Arturo Ramírez Arboleda; y del líder comunitario José Milagros Mena Gil.
El exparamilitar también admitió su participación en el reclutamiento forzado de un adolescente de 17 años, así como en hechos de violencia sexual contra la madre y la hermana del menor, delitos que derivaron en el desplazamiento forzado de esa familia de una zona rural del municipio de Ebéjico.
Como parte del proceso judicial, el procesado se acogió a sentencia anticipada por 109 homicidios en persona protegida, 16 desapariciones forzadas, 11 desplazamientos forzados, nueve casos de tortura en persona protegida, cinco secuestros simples agravados, cuatro casos de acceso carnal violento en persona protegida, dos lesiones en persona protegida y 11 hurtos calificados y agravados.
Asimismo, aceptó cargos por los delitos de concierto para delinquir, porte ilegal de armas de defensa personal y de uso privativo de las Fuerzas Militares, además de la utilización ilegal de uniformes e insignias.
La Fiscalía General de la Nación indicó que esta investigación hace parte de una estrategia orientada a la terminación anticipada de procesos tramitados bajo la Ley 600 de 2000 contra exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia. El proceso continuará ante un juez especializado, quien será el encargado de emitir la sentencia correspondiente.