Luego de varios meses de guardar silencio, el coronel en retiro de la Policía Nacional, Juan Pablo Bernal Jaramillo, quien fue jefe del Área de Intervención de Cultivos Ilícitos de la Dirección de Antinarcóticos, decidió hablar públicamente sobre las decisiones que, según sostiene, marcaron un punto de quiebre en la estrategia de erradicación de coca durante el gobierno del presidente Gustavo Petro.
En esta entrevista con SEMANA, expuso su versión sobre los cambios operacionales, presupuestales y administrativos que, afirma, redujeron la capacidad del Estado para enfrentar el narcotráfico en las regiones de Colombia. También explicó por qué considera que su retiro estuvo relacionado con el trabajo que desarrollaba, reveló que adelanta acciones judiciales para buscar su reintegro y afirmó estar dispuesto a entregar documentos públicos y reservados a las autoridades competentes para sustentar sus afirmaciones.
SEMANA: ¿Por qué decidió romper su silencio en este momento?
Coronel (r) Juan Pablo Bernal (J. P. B.): Principalmente porque mi retiro se produjo durante el gobierno que estaba en ejercicio y, en ese momento, no existían las condiciones para realizar este tipo de entrevistas.
Ahora que ya se vislumbra la cercanía de un nuevo gobierno, considero importante hacer estas declaraciones. Además, en su momento no tenía elementos de juicio suficientemente claros que me permitieran entregar esta información de manera pública.
SEMANA: ¿Cuál era su responsabilidad dentro de la estrategia de erradicación de cultivos ilícitos de la Policía Nacional?
J. P. B.: Yo era el jefe del Área de Intervención de Cultivos Ilícitos de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional.
Esta dependencia es responsable de implementar las acciones de contribución al desmantelamiento del sistema de drogas ilícitas mediante la intervención integral y la eliminación técnica y controlada de los cultivos de hoja de coca, especialmente en cumplimiento de la política del Gobierno Nacional y de la normatividad vigente.
SEMANA: Usted llegó a esa dependencia durante el gobierno de Iván Duque y salió de la institución durante el Gobierno de Gustavo Petro. ¿Qué cambios observó en esa transición?
J. P. B.: Cuando se me ordenó llegar al Área de Intervención de Cultivos Ilícitos, a mediados de 2022, llegué a una dependencia encargada de verificar el trabajo que desarrollaban los funcionarios de la Policía Nacional con equipos de aspersión terrestre.
Una de las primeras órdenes que se impartieron una vez comenzó el nuevo gobierno fue suspender la adquisición del herbicida utilizado para la aspersión terrestre.
Posteriormente, comenzaron numerosos traslados de oficiales que ya conocían la operación y que llevaban un tiempo importante dentro de la dependencia.
Yo era aproximadamente el quinto oficial en jerarquía dentro del grupo y, luego de esos movimientos, fui trasladado al nivel central para atender los cambios que se estaban produciendo.
Los oficiales que eran mis superiores fueron enviados a otras dependencias. En principio, pensé que se trataba de movimientos normales relacionados con los cambios de la cúpula y con la reorganización institucional.
Sin embargo, con el paso de los meses comenzamos a observar una transformación profunda en la dinámica de la estrategia antidrogas.
SEMANA: ¿Durante 2023 existía una política clara de erradicación?
(J. P. B.): Durante lo que restaba de 2022 se continuó con la actividad que venía desarrollándose bajo las políticas del gobierno anterior. Sin embargo, durante todo 2023 el Gobierno Nacional no fijó una política clara ni estableció públicamente una meta de erradicación.
A pesar de eso, comenzaron a generarse cambios y en prácticamente todos los escenarios se mencionaba que la erradicación forzada realizada por la Policía Nacional iba a disminuir, porque se pretendía dar prioridad a otras estrategias.
SEMANA: ¿Qué impacto tuvo el traslado de oficiales experimentados en la estrategia de erradicación?
J. P. B.: Debo precisar que inicialmente estuve muy poco tiempo en el Área de Erradicación de Cultivos Ilícitos, porque en enero de 2023 se ordenó mi traslado a otra unidad del país.
Llegué a comandar la Región Antinarcóticos número cinco, con sede en Cúcuta, Norte de Santander. Desde allí me desligué parcialmente de la erradicación de cultivos ilícitos para cumplir otras funciones dentro de la lucha antinarcóticos. En ese cargo fui conocido por los nuevos superiores que llegaron a la Dirección de Antinarcóticos.
En octubre de 2023 se produjo nuevamente mi traslado al nivel central para asumir como jefe del Área de Erradicación de Cultivos Ilícitos.
SEMANA: ¿Por qué fue enviado nuevamente a Bogotá?
J. P. B.: La dependencia había tenido inconvenientes para designar a un oficial titular que asumiera la jefatura. Se requería con urgencia nombrar a una persona conocedora de la tarea para cumplir la meta que había establecido internamente la institución.
Durante todo 2023, el Gobierno Nacional no fijó una meta oficial. Por esa razón, fue la propia Policía la que estableció un objetivo interno para poder avanzar en la lucha contra las drogas.
Cuando llegué a Bogotá, a finales de octubre de 2023, la erradicación estaba en aproximadamente 14.800 hectáreas. La meta institucional era alcanzar las 20.000 hectáreas antes de finalizar el año.
SEMANA: ¿Lograron cumplir esa meta?
J. P. B.: Sí. Llegué con la misión de alcanzar las 20.000 hectáreas y comenzamos a reestructurar la estrategia que se venía desarrollando. El mando respaldó las solicitudes que presentamos y eso permitió que el 12 de diciembre de 2023 informáramos que habíamos cumplido la meta establecida por la institución. Finalmente, se alcanzaron más de 20.000 hectáreas erradicadas.
SEMANA: ¿Qué ocurrió después de cumplir el objetivo?
J. P. B.: Finalizando 2023 y comenzando 2024, me encontré con una decisión del mando mediante la cual se retiraba del Área de Erradicación de Cultivos Ilícitos a los oficiales en el grado de teniente coronel que respaldaban la operación. También fueron retirados algunos mayores con mayor antigüedad y experiencia.
Eso hizo que quedara prácticamente solo, trabajando con oficiales subalternos y con mayores recién ascendidos.
SEMANA: ¿Por qué era importante contar con oficiales de mayor experiencia?
J. P. B.: Desde el punto de vista estratégico, no resultaba conveniente perder a esos funcionarios. Los tenientes coroneles y los mayores con mayor antigüedad conocían la operación, tenían preparación y experiencia, y contribuían a formular la estrategia operacional.
Inicialmente, pensé que se trataba de una situación normal y que llegarían nuevos tenientes coroneles preparados para asumir esas responsabilidades. Sin embargo, eso nunca sucedió, a pesar de las solicitudes que realicé. A partir de ese momento comenzaron a presentarse una serie de dificultades para cumplir la misión.
SEMANA: ¿Considera que el Gobierno disminuyó la lucha contra los cultivos ilícitos y el narcotráfico?
J. P. B.: Absolutamente. La dinámica de esa dependencia era muy alta. Las cifras están publicadas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, a través del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, conocido como SIMCI.
Ese sistema informaba cada año la cantidad de hectáreas erradicadas y la extensión de los cultivos ilícitos existentes en el país. Se pasó de cerca de 48.000 hectáreas erradicadas en 2022 a poco más de 20.000 hectáreas en 2023.
Aunque nosotros cumplimos la meta institucional, esa cifra representaba una reducción cercana al 50 % frente al año anterior. Para los años siguientes, incluso hasta 2026, la meta establecida por el Gobierno Nacional se redujo a aproximadamente 10.000 hectáreas.
SEMANA: ¿Qué ocurrió paralelamente con la extensión de los cultivos de coca?
J. P. B.: La última medición indicaba que el país tenía alrededor de 261.000 hectáreas sembradas con hoja de coca. Eso demuestra que la estrategia no funcionó y que, por el contrario, se produjo un incremento continuo durante los últimos años.
La disminución del apoyo a la erradicación no ocurrió solamente al comienzo del gobierno, sino que se mantuvo durante todo el cuatrienio.
SEMANA: ¿Qué respondían sus superiores cuando usted advertía sobre estas dificultades?
J. P. B.: Siempre sentí el apoyo de mis superiores. También percibía que ellos estaban limitados y que no podían resolver completamente la situación que estábamos viviendo. En ese momento yo no conocía todo el panorama. Hoy lo entiendo mejor gracias a investigaciones realizadas por diferentes medios de comunicación.
Mi comunicación era directa con el director de Antinarcóticos y con el subdirector general de la Policía. Con ellos consultaba prácticamente todas las decisiones relacionadas con la operación.
SEMANA: ¿Qué otras dificultades comenzó a detectar?
J. P. B.: Comencé a observar que la labor de erradicación de cultivos ilícitos estaba siendo satanizada. Para eso, según mi análisis, se utilizaron diferentes mecanismos, entre ellos la forma en que se adjudicaban y se entregaban los recursos destinados a la Dirección de Antinarcóticos.
Se trataba de recursos importantes y constantemente se cuestionaba la manera en que se realizaban las contrataciones necesarias para operar. Desde ese punto comenzaron a presentarse dificultades administrativas y contractuales. En 2023 se redujo y se demoró la asignación de recursos a la Dirección de Antinarcóticos.
El área que yo dirigía no tenía facultades contractuales, pero dependíamos de esos recursos para iniciar oportunamente los procesos precontractuales y contractuales dentro de los términos establecidos por la ley.
SEMANA: ¿Considera que existió una estrategia para reducir la capacidad de la dependencia?
J. P. B.: Sí. Desde lo presupuestal y lo contractual comenzó a estructurarse una estrategia de reducción de recursos. A eso se sumó la disminución del personal experimentado. La combinación de esas dos decisiones terminó diezmando el trabajo que nosotros estábamos realizando.
SEMANA: ¿Cree que sus advertencias y comunicaciones pudieron influir en su retiro de la Policía?
J. P. B.: Considero que sí. La cúpula anterior a la llegada del general Carlos Fernando Triana conocía mi trabajo. Mis superiores sabían quién era yo, cómo trabajaba, qué estábamos haciendo y cuáles eran las proyecciones de la dependencia.
Estoy seguro de que esa cúpula también quedó sorprendida cuando fue llamada a entregar la Dirección y la Subdirección General. Un día cualquiera les comunicaron que ya no continuaban y, con la salida de ellos, también fuimos retirados numerosos oficiales.
SEMANA: ¿Considera que el general Triana ordenó directamente su retiro?
J. P. B.: Considero que el general Triana cumplió una orden o una disposición del Gobierno. Estoy convencido de que mi permanencia en ese cargo se convirtió en una piedra en el zapato para la política antidrogas que posteriormente sería publicada por el Gobierno Nacional.
SEMANA: ¿Por qué relaciona su retiro con la llegada del nuevo director de la Policía?
J. P. B.: Porque el general Triana venía de permanecer aproximadamente dos años fuera de la actividad policial. Para mí resulta difícil pensar que a un director que acababa de regresar le bastaran dos días de un fin de semana, antes de su ceremonia de transmisión de mando, para conocer detalladamente el trabajo de los oficiales y decidir el retiro de un número importante de ellos. Entre esos oficiales estaba yo.
No considero que hubiera tenido tiempo suficiente para conocer la labor que veníamos desarrollando con los generales y con la cúpula saliente.
SEMANA: ¿Cómo relaciona esa decisión con los acercamientos del Gobierno con grupos armados?
J. P. B.: Las investigaciones publicadas por medios de comunicación han dado cuenta de acuerdos para congelar operaciones que se venían realizando en diferentes regiones.
Mis hombres, un componente de más de 1.700 funcionarios de la Policía Antinarcóticos, estaban ubicados precisamente en algunos de esos territorios.
Teníamos presencia en Caucasia, Antioquia; Aguachica, Cesar; Villagarzón y otros municipios de Putumayo, así como en San José del Guaviare. Nuestros funcionarios representaban un muro de contención frente a esos grupos criminales. Mantener esas unidades en el territorio podía convertirse en un obstáculo para los acuerdos o propósitos que se estaban adelantando.
SEMANA: ¿Cómo era inicialmente la relación con Estados Unidos en materia antidrogas?
J. P. B.: Al comienzo de mi gestión como jefe del Área de Intervención de Cultivos Ilícitos, todavía existía un ambiente de mucha cordialidad con el Gobierno de Estados Unidos, especialmente a través de la oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, conocida como INL. INL apoyaba a la Policía en entrenamiento, logística y otros aspectos operacionales. Era un aliado estratégico.
SEMANA: ¿Cuándo comenzaron a presentarse dificultades con ese apoyo internacional?
J. P. B.: Al finalizar 2023, Estados Unidos ya identificaba inconvenientes relacionados con la política antidrogas colombiana. El Gobierno había tardado más de un año después de su posesión en presentar formalmente esa política.
Cuando finalmente fue publicada, a finales de 2023, se estableció la reducción de los grupos de erradicación forzada y el traslado de recursos y capacidades hacia la sustitución voluntaria. Desde ese momento comenzaron a presentarse dificultades y una disminución del apoyo internacional.
SEMANA: ¿Qué ocurrió cuando Estados Unidos evaluó la certificación de Colombia?
J. P. B.: En 2024 se planteó una certificación condicionada. Estados Unidos tuvo en cuenta el último reporte del SIMCI, que mostraba un aumento de la capacidad potencial de producción de cocaína, cercana entonces a las 2.600 toneladas métricas, y una detección de aproximadamente 253.000 hectáreas de cultivos ilícitos.
Frente a esas cifras, el Gobierno estadounidense solicitó que Colombia fortaleciera la interdicción y afectara de manera más contundente toda la cadena del sistema de drogas ilícitas. También pidió aumentar la erradicación de cultivos ilícitos.
SEMANA: ¿Se cumplieron esas exigencias?
J. P. B.: La erradicación no volvió a desarrollarse en la misma proporción de años anteriores. Esas fueron, en términos generales, las exigencias planteadas por Estados Unidos: fortalecer la interdicción, afectar la cadena del narcotráfico e incrementar la erradicación.
SEMANA: ¿Cuáles considera que fueron los principales errores de la política antidrogas del gobierno de Gustavo Petro?
J. P. B.: El primer error fue conceder beneficios o ventajas a los actores criminales. Esos grupos son los que instrumentalizan a los campesinos y utilizan los vacíos o zonas grises del ordenamiento jurídico para controlar las economías de territorios tradicionalmente abandonados por el Estado.
En muchas zonas rurales, la siembra de coca terminó convirtiéndose en la única alternativa de subsistencia para las comunidades. Por eso no se pueden conceder beneficios a quienes controlan y se lucran de esas economías ilegales.
SEMANA: ¿Qué debería hacerse para reducir realmente los cultivos ilícitos?
J. P. B.: Se necesita una estructura jurídica que permita a las autoridades evaluar las condiciones de los cultivos en cada territorio y determinar cómo deben ser intervenidos. No se trata solamente de enviar a la Fuerza Pública.
La Fuerza Pública llega y cumple su labor, pero esos territorios tienen profundas necesidades sociales.
Cuando recorría zonas de Putumayo, Guaviare y Antioquia, muchas comunidades se acercaban para decir que no querían depender de la economía de la coca, pero no tenían otra alternativa. El Estado no les había ofrecido capacidades ni oportunidades diferentes.
SEMANA: ¿La política antidrogas debería dejar de depender de cada gobierno?
J. P. B.: Sí. Debe convertirse en una política de Estado y no simplemente en una política de gobierno. Cada administración llega y modifica la estrategia antidrogas de acuerdo con sus prioridades. Eso permite que se suspendan, reduzcan o transformen operaciones sin continuidad. Si se establece una política de Estado, los cambios de gobierno no impedirán que la estrategia continúe.
SEMANA: ¿Qué tipo de intervención integral debería llegar a las regiones?
J. P. B.: El Estado debe llegar con toda su oferta institucional. Se necesitan vías, salud, educación, oportunidades laborales, proyectos productivos y presencia permanente de las instituciones.
Eso permitiría que la Fuerza Pública cumpliera su labor y, al mismo tiempo, que las comunidades tuvieran alternativas reales para sustituir las economías ilegales. Los campesinos son personas trabajadoras que, en muchos casos, terminan obligadas o instrumentalizadas por las organizaciones criminales.
SEMANA: ¿Las cifras y afirmaciones que ha entregado están respaldadas por documentos?
J. P. B.: Sí. Muchos de esos documentos son públicos y pueden consultarse en los informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y en el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos.
Allí se describe la situación de los cultivos ilícitos en Colombia. También tengo información contenida en documentos reservados.
SEMANA: ¿Existieron tensiones entre el Gobierno y Naciones Unidas por las cifras de cultivos ilícitos?
J. P. B.: Sí. Esa dependencia llegó a estar enfrentada con el Gobierno por la interpretación de los análisis y las cifras.
Los datos presentados por Naciones Unidas no resultaban convenientes para la narrativa oficial y eso generó tensiones que estuvieron cerca de romper el acuerdo mediante el cual se realizaba el monitoreo. Esa situación se resolvió posteriormente. Por esa razón, solo hasta junio de 2026 el SIMCI publicó el análisis correspondiente a la situación de los cultivos ilícitos de 2024. Debe estar próximo a conocerse el estudio correspondiente a 2025.
SEMANA: ¿Está dispuesto a entregar esos documentos a la justicia o al nuevo Gobierno?
J. P. B.: Sí, por supuesto. Muchos de esos documentos ya son públicos. En caso de que la justicia o las autoridades competentes requieran la información reservada, estoy dispuesto a entregarla dentro de los procedimientos correspondientes. Lo que estoy mencionando son datos concretos, hechos específicos y cifras que han sido publicadas.
SEMANA: ¿Emprendió acciones jurídicas contra la Policía Nacional o contra el Estado?
J. P. B.: Sí. En un comienzo no tenía claridad sobre lo que había ocurrido. Durante mis 27 años de servicio a la patria, me caractericé por ser un oficial íntegro, disciplinado, responsable y cumplidor de mi labor. Todos mis superiores me conocen y saben qué tipo de oficial soy.
Muchos de ellos me llamaron después de mi retiro para brindarme una voz de aliento. Eso me llevó a acudir a la justicia como la única herramienta que tenía para buscar el restablecimiento de mis derechos.
SEMANA: ¿En qué estado se encuentra ese proceso?
J.P.B.: El proceso está actualmente en manos de mis abogados. Estamos mostrando la realidad de lo que viví dentro de la dependencia, el trabajo que se realizó y la manera en que considero que fui tratado injustamente.
SEMANA: ¿Usted sostiene que se utilizaron labores de contrainteligencia para justificar su salida?
J.P.B.: Sí. Considero que se presentó una seguidilla de circunstancias y que se hizo uso de capacidades de contrainteligencia, tanto institucionales como del Estado, para materializar una excusa que permitiera retirar oficiales uno por uno.
Durante este cuatrienio se volvió normal el retiro de oficiales con hojas de vida destacadas por rumores, comentarios o informaciones que no habían sido plenamente comprobadas.
SEMANA: ¿Considera que se violó el debido proceso de miembros de la Fuerza Pública?
J. P. B.: Sí. Cualquier señalamiento contra un funcionario de la Fuerza Pública podía convertirse en el punto de partida para su retiro. Eso ocurrió incluso con oficiales que ocupaban cargos dentro de la cúpula.
Se desvirtuó el debido proceso, el principio de buena fe quedó afectado y tampoco se respetó plenamente la presunción de inocencia.
SEMANA: ¿Temía que también fuera retirado?
J. P. B.: Sí. Al observar que algunos de mis superiores estaban saliendo por situaciones incluso menores, empecé a pensar que esa podía ser también mi suerte. Por esa razón, en algún momento solicité que se me apartara del cargo. Recuerdo que me informaron que el ministro de Defensa conocía mi trabajo y la labor que estábamos desarrollando.
También se me dijo que el director general y el subdirector general de la Policía conocían mi desempeño. El general Zapata, quien era subdirector de la institución, me manifestó que contaba con todo el respaldo del mando.
SEMANA: ¿Hasta qué momento sintió ese respaldo?
J. P. B.: Lo sentí hasta el último día en que esa cúpula permaneció en la institución. Una vez que se produjo el cambio de la cúpula, se ordenó mi retiro de la Policía Nacional.
SEMANA: ¿Qué busca concretamente con la demanda y con estas denuncias públicas?
J. P. B.: Busco que se corrija lo sucedido, que se revisen los detalles y que se respete el debido proceso y la presunción de inocencia.
También espero que se tengan en cuenta los hechos que posteriormente se han conocido públicamente sobre los acuerdos realizados por funcionarios del Gobierno con grupos criminales.
Quienes estábamos cumpliendo nuestra misión deberíamos tener la posibilidad de regresar a nuestra actividad. No se nos puede castigar por cumplir con nuestro deber mientras se otorgan beneficios a los criminales.
SEMANA: ¿Considera que su retiro fue consecuencia de combatir el narcotráfico?
J. P. B.: Considero que fui retirado cuando estaba cumpliendo la misión de afectar los cultivos ilícitos y contener a las organizaciones criminales en diferentes regiones.
Mi labor y la de los funcionarios que estaban bajo mi mando era combatir el narcotráfico y evitar que esos grupos ampliaran su control territorial. Por eso considero que mi retiro estuvo relacionado con la función que estábamos desarrollando.
SEMANA: ¿Mantiene su disposición para ampliar esta información ante las autoridades?
J. P. B.: Sí. Mantengo mi total disposición para ampliar cualquier información que sea requerida. Estoy dispuesto a aportar los documentos y elementos que permitan establecer lo que ocurrió dentro de la estrategia de erradicación de cultivos ilícitos y las circunstancias que rodearon mi retiro de la Policía Nacional.